Intervención obligó a la Junta en Córdoba a regularizar la gestión del parking del Reina Sofía

¿En qué consistía el problema? Actualmente, el Reina Sofía está rodeado de varias propiedades en las que hay unas personas que cobran por estacionar el vehículo. Se trata de actividades que tienen un carácter puramente social y que, sobre todo, no tienen ninguna relación contractual con la Junta. Ganan dinero, mucho o poco, en suelos de la Administración sin que ésta sepa cómo.

El informe de la Intervención explica de forma taxativa que « nadie puede , sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponda». Las autoridades -en este caso, de la Consejería de Salud- son responsables de que nadie gane dinero con la explotación no permitida de estos espacios. En una comparación grosera, es como si la empresa que gestiona la tienda o la cafetería del Reina Sofía, no hubiera sido elegida mediante el correspondiente concurso público.

El Reina Sofía, dice el informe de Intervención que se elaboró bajo el Gobierno del PSOE, tiene dos zonas de aparcamiento que se identifican en el documento con los nombres «anexo 1.1» y «anexo 1.2». En el primer caso, como se ha dicho, se trata de suelos de la Junta que son de uso gratuito. Allí hay unas personas que ya ocupaban este espacio cuando eran suelos municipales y que perciben unos emolumentos «por el ordenamiento del aparcamiento». El coste es de un euro pero su pago es voluntario. Los suelos llamados «anexo 1.2» son de la Diputación, están cedidos al SAS y «no se gestionan ni explotan». El redactor del informe lleva tiempo sin aparcar en el Reina Sofía porque todos los espacios cuentan ya con un servicio «alternativo» de aparcacoches.

La Intervención de la Junta aseguró que no había otra salida de proceder a la regularización. «Deberán adoptarse las medidas necesarias para la inmediata regularización de aquellas actividades o servicios que se están prestando en instalaciones del SAS sin título jurídico válido en la actualidad. De no hacerse así, se aseguraban, se denunciaría «una situación de menoscabo de fondos públicos ». Por último, la Intervención de la Junta aseguraba que era necesario «tramitar la licitación de las concesiones de dominio público». Es decir, que los suelos tenían que salir a licitación sí o sí para que quien cobre por aparcar lo haga con garantías y dejando un canon proporcional en las arcas de la Administración andaluza.

El PSOE no llegó a poner en marcha el proyecto de regularización que no se parece en nada al primer proyecto de parking que se barajó en el anterior mandato. Aquello consistía en la licitación de un aparcamiento de varias plantas en superficie con cuyos ingresos se pretendían financiar inversiones sanitarias. El euro que se paga ahora es el euro que se pagará en el futuro aunque, esta vez, con los papeles en regla, según ordenó la Intervención.

Por su parte, la plataforma ciudadana Aparcamientos Reina Sofía advierte de que la empresa adjudicataria recibirá unos ingresos mínimos anuales del 2.900% con respecto al pago del canon fijado. La dirección del hospital ha fijado una cuota anual de 12.000 euros, mientras que los ingresos que recibirá en el mismo periodo la empresa concesionaria serán de 355.000.

La plataforma denuncia que la privatización del aparcamiento del hospital tiene como único fin el enriquecimiento de la empresa adjudicataria, y así se lo ha planteado el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Tras el estudio del pliego de licitación de los aparcamientos del Hospital Reina Sofía, el colectivo ha detectado que a la inexistencia del informe técnico que obliga supuestamente a privatizar el recinto se suma un nuevo despropósito: que sea el hospital quien corra con los gastos de electricidad durante toda la vigencia de la contratación, y cuya cantidad asciende a 31.400 euros.

Igualmente ocurre con la vigilancia del recinto del aparcamiento, que también correrá por cuenta del hospital, exonerando así de este gasto a la adjudicataria.

Además, la plataforma también advierte de que la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella , y la directora del Hospital Reina Sofía, Valle García , han engañado tanto a la ciudadanía como a los representantes del colectivo sobre el personal que actualmente mantiene el aparcamiento con el donativo que los usuarios les dan cada día, afirmando que serán subrogados a la nueva concesionaria .

El pliego de licitación sólo indica que «se valorará que los licitadores asuman el compromiso de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social en la contratación de todo el personal para prestar servicios en los aparcamientos». Por tanto, la plataforma indica que los 11 trabajadores contratados actualmente por una empresa de integración social podrían ser despedidos, quedando en situación de desempleo por culpa de un auténtico escándalo especulativo .

Por último, la plataforma Aparcamientos Reina Sofía señala que Aguirre, en connivencia con la delegada de Salud y la directora del Hospital, se ha propuesto con este tipo de decisiones «saldar», de manera descarada y sin precedentes, los activos con los que cuenta la Sanidad pública.