Incertidumbre en la vuelta a clase en Córdoba seis meses después

El objetivo de la presencialidad, la dificultad para poner en práctica algunas recomendaciones contra los contagios —el metro y medio de separación entre alumnos y profesores, por ejemplo— y la posibilidad de la incorporación escalonada a clase durante los primeros días marcan también el arranque del curso. En concreto, en Córdoba se incorporan a las aulas hoy 67.133 escolares de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial , en aulas de los centros públicos, concertados y privados. La plantilla de docentes que vuelve hoy a sus puestos está compuesta por 5.735 maestros, repartidos en 275 centros.

Un punto intermedio entre el optimismo y el recelo es el que defiende Julián Camacho , que es el secretario general del sindicato FSIE en Córdoba, que representa los intereses de los profesores de las escuelas concertadas (más de dos mil), y opina que «lo importante para nosotros para asegurar la enseñanza en igualdad es que la educación sea presencial». Camacho confía en que toda la comunidad educativa colabore para la consecución de este objetivo, «y por el momento no tenemos noticia de que se vayan a producir restricciones de acceso de alumnos en los centros e Infantil y Primaria que mañana [por hoy] empiezan las clases». Camacho apela a la confianza: «Creemos que estamos en condiciones para que el curso arranque con normalidad, y si no es así hay medidas previstas para suplir la presencialidad, pero solo en los cursos de Tercero y Cuarto de Secundaria, en Bachillerato y en las enseñanzas no obligatorias de ciclos superiores».

También confiado es el análisis que realiza Antonio Guerra, el presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, que agrupa a 42 centros en toda la provincia con 22.000 alumnos y 2.000 trabajadores. «La verdad es que nos ha sorprendido agradablemente que la mayoría de los padres con los que nos hemos reunido nos han mostrado su convicción de llevar a sus hijos al colegio después de informarles de las medidas de seguridad y de higienes que les hemos anunciado», indica Guerra, con plaza en el colegio la Compañía de María de Puente Genil . «Es cierto —reconoce— que existe una minoría de padres y de madres que tienden aún a no llevar a sus niños a clase, pero son los menos, y entre ellos impera un sentimiento de miedo». Una derivada de este temor es que la demanda de los servicios de comedor y actividades extraescolares es menor que otros años, tal y como reconoce en el responsable de Escuelas Católicas.

Guerra indica el apoyo que los ayuntamientos han prestado a las escuelas concertadas para la realización de obras de adaptación a los protocolos Covid , y destaca el caso de la localidad en la que se asienta la institución educativa en la que él presta servicio. «El Ayuntamiento de Córdoba también colabora», precisa quien ayer mismo mantuvo una reunión con los concejales de Infraestructuras y de Educación, David Dorado y Manuel Torrejimeno ( Ciudadanos ), para estudiar vías de colaboración, que no es sencilla dado el carácter privado de la titularidad de los centros concertados aunque en la práctica se integren en la red pública que sostiene la Consejería de Educación. Por el momento, estas escuelas han financiado con cargo a sus fondos propios las actuaciones necesarias para empezar el curso, y el coste de las mismas supera los diez mil euros que estimó Escuelas Católicas por colegio en un primer momento. «Ya tenemos mascarillas y geles cedidos por la Junta de Andalucía», añade.

La visión de la Fundación Diocesana Santos Mártires , que aglutina a 14 centros, es parecida. Francisco Parras, su director, cree «que las administraciones han actuado con la suficiente antelación para garantizar la seguridad en las aulas, porque nos han enviado instrucciones que hemos tenido que adaptar en un tiempo récord». «Nosotros hemos sido tremendamente responsables y trabajado con mucha antelación: llevamos más de dos meses poniendo en marcha nuestras propias acciones, por lo que cuando hemos recibido estas instrucciones tan solo hemos tenido que chequear si eran compatibles con las acciones tomadas». Un elemento a favor es que «nuestros profesores están animados, con ganas de volver a la docencia y ver al alumnado: se han hecho pruebas y hemos trabajado los protocolos de seguridad con ellos, lo que hace de los colegios diocesanos sean zonas seguras».

¿Y cuáles son los puntos débiles del curso que está por empezar? La Asociación de Directores de Enseñanza (Asapride ) señala tres y los resume su presidenta, Isabel Bernal: «La inseguridad que tienen muchas familias de llevar a sus hijos al centro por motivos personales, el acondicionamiento de los centros educativos y la premura con la que ha habido que realizar todos los preparativos». El temor de los progenitores a que sus hijos se contagien es un asunto que preocupa también a la Federación de Padres y Madres ( Fapa ) de la concertada. María Luisa Lucena está al frente de esta organización y opina que «nos encontramos en una situación muy complicada, y de acuerdo con que la presencialidad es el escenario ideal, pero hay que tener en cuenta que cada familia es un mundo y hay algunas que dependen de los abuelos para atender a los niños o para llevarlos o recogerlos del colegio y en estas circunstancias no se puede. Hay mucho miedo, el miedo es libre».

¿Ha sido lenta la Administración autonómica a la hora de poner en marcha protocolos para el regreso a clase? UGT , y sobre todo CC.OO., opinan que sí. El primero de los sindicatos es pesimista. Juan Carlos Varo, secretario general de Enseñanza de la organización sindical, augura un inicio del ciclo «caótico debido a la falta de previsión de la Administración, que ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones que desde UGT le estamos haciendo desde hace meses, y que no son otras que reducir la ratio para asegurar las distancias de seguridad en las clases presenciales, según las recomendaciones del Ministerio de Educación como sí han hecho otras comunidades autónomas, y que pasa por la contratación de más profesorado para garantizar los desdobles necesarios para garantizar dicha distancia de seguridad exigida». «Pretender que el profesorado haga algo imposible y además exigirle que garantice la seguridad y el distanciamiento con los medios actuales es una irresponsabilidad», lamenta Varo.

Un paso más da CC.OO ., que ha anunciado la convocatoria de una huelga en la educación andaluza el próximo viernes 18 de septiembre «para exigir que la Consejería de Educación aplique medidas preventivas en los centros educativos contra el coronavirus y se evite que la educación sea un puente de transmisión comunitaria», tal y como asegura Diego Molina, el secretario general de la federación de la enseñanza de CC.OO.

De la huelga se ha desmarcado por el momento el sindicato ANPE , que representa a la mayoría de los docentes de la enseñanza pública. Francisco Luque, el presidente del colectivo, indica a ABC que «nosotros no hablamos de improvisación de las administraciones, pero sí de que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad educativa: pensamos que hay que bajar la ratio de las aulas, adecuar los espacios para prevenir los contagios, dotar a los centros de más personal y desdoblar unidades». «Claro que hay riesgo, como queda claro con los contagios que ya están produciendo en las escuelas infantiles. Tampoco se han tomado las medidas necesarias para proteger al personal docente más vulnerable, como el que tiene patologías de entidad», concluye Luque.

La Junta de Andalucía ha invertido 2,3 millones en obras de adaptación para el Covid en 122 centros , de las que sólo cinco han terminado y cincuenta más están en marcha: el plazo para finalizarlas es el 31 de diciembre. ¿Es suficiente esta inversión? La responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba , Elena García Rubio, señala que la Consejería de Educación y Deporte «debería haber dedicado más recursos para garantizar la vuelta a las aulas con la máxima seguridad y para llevar a cabo más desdobles en los colegios e institutos para, así de esta forma, reducir la ratio y posibilitar el cumplimiento de la distancia interpersonal establecida por las autoridades sanitarias». En cualquier caso, estas inversiones de la Junta solo benefician a los centros públicos: los concertados se quedan por el momento al margen.

La postura oficial de la Junta de Andalucía es de tranquilidad. La delegada de Educación , I nmaculada Troncoso ( Ciudadanos ), aseguró ayer en un acto en Castro del Río que, «con respecto al temor de algunos padres con el regreso de sus hijos a las aulas, hay que estar tranquilos, porque las cosas se están haciendo de la mejor manera posible, los centros llevan todo el verano trabajando duramente y los Ayuntamientos colaborando estrechamente con ellos». Al tiempo, Troncoso afirmó que «la enseñanza presencial es insustituible», informa Marta Baena.