¿Por qué es imposible acabar el Centro de Convenciones el 21 de febrero?

La cuestión es por qué se ha llegado a esta situación y cuáles son las claves. El Ayuntamiento de Córdoba tiene un relato fácil de entender. La constructora que ganó el concurso, UCOP , se comprometió a realizar las obras por un dinero que ahora ha entendido que es muy bajo . El equipo de gobierno, dice esa versión, se ha negado a incrementar los fondos para el edificio por medio de lo que se conoce como modificados en materias como un refuerzo de la estructura o el cambio de ubicación de la climatización ya que los terrenos ocupados no son de propiedad municipal sino de la AIE.

Bajo ese punto de vista, la estricta responsabilidad de lo ocurrido es de la adjudicataria y el Consistorio sería el perjudicado, en un proyecto abocado al juzgado. Pero el Ayuntamiento sí ha adoptado posiciones contradictorias en los últimos meses.

El primer hecho y más relevante es que, a día de hoy , no existe un proyecto final del Centro de Convenciones . El Ayuntamiento determinó que había que hacer ajustes que se concretaron en una reunión el 29 marzo de 2016 sobre las propuestas de la dirección facultativa y del servicio de proyectos de la Gerencia de Urbanismo. En aquella reunión, se optó por establecer cambios en el proyecto por valor de algo menos de un millón que consistían en la modificación de la climatización o el refuerzo de la estructura.

En esa reunión, se adopta además una determinación crucial para lo que ha venido después. La ley de contratos de la administración pública permite paralizar las obras mientras se tramitaba el modificado. Es una medida impopular pero de cierto sentido común . Los documentos del expediente explican que llegaría un momento en el que sería imposible avanzar en determinadas zonas sin tener que rehacer partes completas del edificio en construcción.

El gobierno municipal -entonces, bajo la responsabilidad del edil David Luque- optó por seguir con las obras mientras se tramitaba el modificado. Los documentos municipales consultados aseguran que se tardarían seis meses en tener todo el papeleo concluido. Bajo esa premisa, la de un acuerdo aceptado por todas las partes , se siguió trabajando .

Pero la institución municipal cambió de idea. Los departamentos de Intervención, Contratación o Asesoría Jurídica empezaron a emitir informes contrarios a lo previsto por Urbanismo , que es quien tiene el control técnico del contrato.

El millón inicialmente aceptado se redujo a un tercio de esa cantidad. Se aseguró que sólo se aceptarían aquellos elementos que eran claramente generados por condiciones objetivas de mercado. Dicha decisión se adoptó con la oposición de Urbanismo , documentada en su informes, que seguía diciendo que era preciso cambiar de sitio el aire acondicionado y fortalecer la estructura con el objetivo de incrementar la seguridad de los usuarios del complejo. Para este fin, llegó a adjuntar los cálculos estructurales realizados.

Esta última parte nunca se ha cumplido. El gobierno municipal no ha llegado a aprobar los cambios que determinó como justificados. El tiempo pasado ha dado pie a un embrollo considerable donde ya hay reclamaciones de dinero bailando . La empresa quiere que se le compensen los sobrecostes . El Consistorio cordobés pretende poner en marcha las penalizaciones. El horizonte previsible es el juzgado . Los tribunales, por razones de interés general, no suelen aceptar las peticiones de las empresas adjudicatarias de parar las obras. Un pleito de estas características tarda años en dilucidarse.

La empresa pidió en julio del año pasado, formalmente, la paralización de las obras . Volvió a repetir la solicitud con fecha 30 de septiembre. Desde entonces, el Consistorio siempre contesta lo mismo: iría contra el interés público .

Los argumentos para paralizar el proyecto son técnicos, económicos y jurídicos . Los técnicos, dice la empresa, consisten en que no se puede seguir con la obra si no se solventan antes las incógnitas pendientes so pena de tener que rehacer partes enteras del complejo si se cambian elementos de proyecto. Las económicas, por el incremento del coste que se general, afirman los documentos presentados por la compañía. Las jurídicas, porque rehacer lo hecho no forma parte de las obligaciones del contratista y obligarán a un nuevo contrato público.

La tesis del Consistorio de que no habrá nuevo plazo no parece realista vista la situación que ha atravesado la Junta de Andalucía en el palacio de congresos de Torrijos. Firmar un contrato es difícil pero romperlo lo es diez veces más. La Administración autonómica lleva año y medio de papeleo para liberarse de las contrataciones realizadas para realizar el proyecto y todavía no ha sido capaz de dejar el panorama limpio para una nueva, y definitiva, licitación.