La Guardia Civil denuncia 267 infracciones administrativas relacionadas con la caza en Córdoba

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que los esfuerzos de las unidades participantes se han orientado a completar tres líneas de trabajo. En primer lugar, el control y verificación de las medidas de seguridad necesarias para celebrar la actividad cinegética propiamente dicha, así como de las habilitaciones de los ejecutantes para la práctica de la caza, en especial permisos y guías de pertenencias de armas, licencias de caza y seguros de responsabilidad civil.

En segundo lugar, respecto a la participación de rehalas, ha indicado que ha tenido especial énfasis la verificación de las exigencias normativas para el transporte de animales vivos, en concreto de las autorizaciones necesarias concedidas por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para que medios de transportes y transportistas puedan trasladar los perros, y de los cursos de capacitación de los encargados de los animales, desde el punto de vista del conocimiento del bienestar animal.

La Guardia Civil han inspeccionado 112 cacerías entre monterías, ganchos y batidas de las 493 autorizadas por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, articulándose un total de 252 servicios, recayendo el mayor peso en el Seprona que se encuentra desplegado en la zona centro, norte y área de la Subbética.

Además, la Guardia Civil ha realizado 906 actuaciones, de las que ha destacad o 112 inspecciones de actividades cinegéticas, 468 controles, identificaciones de vehículos y personas y la denuncia de 267 infracciones administrativas.

En cuanto a los municipios donde se han realizado mayor número de actuaciones policiales, han destacado Hornachuelos con 157, Villaviciosa de Córdoba con 123 y Córdoba con 104. En relación a las infracciones detectadas, 106 que se corresponden a la vulneración de normativa reguladora de los animales de compañía y peligrosos, ocho se deben a infracciones en materia de armas, sobre todo en lo que respecta a poseer armas sin necesidad o sin justificar el motivo, respecto a los episodios de furtivismo tanto consumados o detectados antes de la ejecución.