Guadalquivir Futuro, caso cerrado en la Audiencia Provincial de Córdoba

Los responsables de la organización ( Ángeles Muñoz, Cristian Menacho y José Antonio Gónzález ) se han declarado culpables de un delito contra los derechos de los trabajadores y contra dos cargos de fraude de subvenciones. En total, tres años de prisión cada uno que no llegarán a cumplir en la cárcel dado que la pena queda suspendida durante cuatro años por haber reparado el hecho. La sentencia no juzga la totalida de los hechos sino las denuncias que pusieron dos trabajadores, que recibirán una indemnización por daños morales.

El acuerdo no significa indemnización para las administraciones públicas que tendrán que seguir peleando en los tribunales por las subvenciones no aplicadas. Todos los recursos que entregó la Junta por el plan de Emple@ fueron objeto de una sanción y de un expediente para la devolución de la mayor parte del dinero. El procedimiento superó todas las fases de entrega voluntaria del dinero y entró en fase de apremio. Solamente los expedientes abiertos por la Junta relativos al plan Emple@ suponen cerca de 350.000 euros entre las cantidades reclamadas y la sanción sin conta las demoras.

El caso Guadalquivir Futuro tenía que juzgarse mañana, cinco de marzo, con el objetivo de dilucidar un hecho que ya ha sido juzgado por otros tribunales de los social. En concreto, si los directivos de la organización no gubernamental ligada al PSOE llegaron a un acuerdo para retirar dinero de la nómina a personas contratadas en un sistema de fondos públicos para contratar parados, según el caso desvelado por ABC en junio de 2016. En las dos ediciones en las que tuvieron lugar tales prácticas, las entregas tenían que hacerse primero en metálico y luego con una transferencia bancaria. Al principio eran ingresos de 500 euros al mes y luego fueron una cuarta parte de la nómina.

El Emple@ tenía unas normas claras : todo el dinero entregado a las oenegés estaba pensado para contratar a personas paradas durante periodos de seis meses con el objetivo de su capacitación. Fue un proyecto del Gobierno de Susana Díaz en la Junta para favocer la contratación en un momento en el que los rescoldos del incendio generado por la crisis financiera de 2008 seguían vivos.

Los actuales procedimientos de lo contencioso administrativo intentan dilucidar si Guadalquivir Futuro tiene que devolver la mayor parte de lo que recibió o solamente una mínima fracción que es lo que reclaman sus abogados. La Diputación también entregó abundantes recursos que no fueron justificados a una organización con lazos estrechos con el PSOE de Córdoba. Dos de las personas que se han declarado culpables ocuparon sendos puestos en las listas de Juan Pablo Durán e Isabel Ambrosio .