La Fiscalía investiga una presunta «gestión desleal» en Laboratorios Pérez Giménez

Según ha podido confirmar ABC, el escrito de la Administración Concursal fue presentado en junio pasado y en estos momentos el Ministerio Público se encuentra ya estudiando la ingente documentación recibida desde entonces para valorar los hechos puestos en su conocimiento y decidir, finalmente, si son o no constitutivos de algún ilícito y en tal caso dirigirlos al juzgado.

La base de la denuncia hecha por los administradores está en el informe de 2015 que calificó de culpable la gestión en la empresa . Los laboratorios solicitaron el concurso de acreedores en octubre de 2011 con un pasivo de 50 millones de euros y tras haber sido vendida por sus propietarios y fundadores (la familia Pérez Giménez) en julio de 2010 a una sociedad denominada Tecris , representada entonces por José Enrique Rosendo (ya fallecido tras haber sido imputado en el caso ERE) y Jacinto Romeu .

Otros socios se hicieron con el control de la firma después y no la relanzaron tampoco. Todo lo contrario, ésta acabó liquidándose y subastándose en tres intentos infructuosos. Ahora está a la espera de que cuaje el cuarto con el grupo libio Al-Sahl y su filial Pharmex.

Los tipos penales que plantean los administradores arrancan con una posible disposición fraudulenta de bienes de la sociedad y/o apropiación indebida.

A este se suma otro presunto fraude en subvenciones públicas , otro delito de quiebra fraudulenta, alzamiento postconcursal , varios delitos societarios derivados de un proceso ficticio de ampliación de capital , entienden los rectores concursales, de ampliación de capital que en su día se planteó como una salida clave para evitar el concurso y reflotar la farmacéutica (lo que a la postre no sucedió). Y finalemente, otro ilícito de deslealtad profesional.

De todos ellos, llama la atención la disposición fraudulenta de bienes, el fraude en ayudas públicas y los delitos derivados de una ficticia ampliación de capital por 6 millones de euros. En el caso de las ayudas públicas, el informe de los administradores se refiere a un montante de 4,6 millones de euros «indiciariamente distraído del destino para el que fue concedido».