La Fiscalía de Córdoba lleva al juzgado a siete personas vinculadas con la gestión de Pérez Giménez

En la denuncia que el Ministerio Fiscal pone en conocimiento del juez se detalla cómo «dos sociedades que participan en la compra de los laboratorios establecen una serie de relaciones que en lugar de hacerse cargo de la deuda [como fue el compromiso inicial en 2010], se pudieron aprovechar para apropiarse ilícitamente importantes cantidades de dinero entre los años 2010 y 2012», explicaron a ABC fuentes del Ministerio Público.

En verano de 2010, Tecris, liderada por José Enrique Rosendo , ya fallecido e imputado en la trama de los ERE, llegó a comprar la farmacéutica familiar por un euro a cambio de comprometerse a asumir la deuda entonces de la firma (unos 49 millones de euros). A él luego vienen asociados en esa fase nombres como los de Jacinto Romeu, Sergio Martínez o Encarnación Ibáñez .

En su escrito de denuncia, la Fiscalía enumera hasta siete acusados pertenecientes a dos sociedades: de un lado, Tecris Consultors, y de otro, Kabama SL Consulting , así como un acusado que formaba parte del equipo de administradores concursales que dirigieron la primera fase de la liquidación.

Kabama SL, como se pone de manifiesto en el propio informe de calificación concursal de Laboratorio Pérez Giménez, fue una empresa de servicios contratada por estos nuevos propietarios para prestar una serie de acciones que sí se cobraron pero nunca se llevaron a cabo.

La Fiscalía, en concreto el fiscal especialista en Civil Fernando Santos, abrió diligencias el verano pasado para investigar una presunta «gestión desleal» en Laboratorios Pérez Giménez durante los últimos años.

Y lo hizo en base a un escrito de denuncia adelantado por ABC dirigido por los administradores concursales de la farmacéutica en el que entendían que podrían haberse producido al menos hasta siete delitos de diferente índole que habrían acabado con una empresa que tenía más vida de lo que parecía a la vista de muchos.

Los hechos acaecidos podrían ser constitutivos, a juicio de la Fiscalía, «de un delito de apropiación indebida continuado y con agravante al ser de importante cantidad , por lo que las penas podrían rondar entre un año y seis años de prisión en su grado máximo y multas que van de los seis a los 12 meses».

Las cantidades de las que se han podido apropiar indebidamente estos supuestos gestores se estima en un principio entre los 300.000 y los 400.000 euros aunque la Fiscalía investiga si hay más.

Una vez que la Fiscalía ha dado traslado al Decanato de Posadas , éste deberá elegir cuál de los dos juzgados de Instrucción malenos se hará cargo de investigar estos hechos, y una vez analizada la causa, el juez será quien decida si admite o no la denuncia presentada por el Ministerio Público.