Las fincas propiedad de mujeres tendrán acceso preferente a las ayudas oficiales en Córdoba

La norma parte de la base de que las mujeres son parte fundamental del trabajo en el campo . Sin embargo, afirma el preámbulo, existe una caracterización de su trabajo como «una extensión de las tareas domésticas». Los avances sociales relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres precisan de un empujón legislativo en el mundo rural con el objetivo de amortizar el incremento del nivel formativo de la mujer rural que se ha desarrollado en las últimas décadas.

La Junta ha planteado una situación preferente de las propietarias sobre los propietarios de fincas agrícolas en ayudas financiadas tanto por el presupuesto autonómico como por los fondos estructurales que llegan de la Unión Europea . En todos los casos, se aplicarán a fincas productivas que sean propiedades de mujeres en exclusiva, que tengan una titularidad compartida o, en los casos en los que el dueño sea una persona jurídica, cuando la presencia de propietarias alcance al menos el 50 por ciento de las acciones o en el que las participaciones sociales se encuentre equilibrada entre dueños y dueñas.

El anteproyecto legislativo prevé que las solicitudes presentadas por propiedades que se encuentren en esta situación tendrán una valoración añadida que tendrá un mínimo del diez por ciento cuando se trate de subvenciones competitivas. Cuando sean ayudas no competitivas, pero se prevea el prorrateo de la cantidad hasta que se agote la partida, las solicitudes de fincas donde haya propietarias percibirán el ímporte íntegro. Cuando no exista prorrateo, se primarán los criterios de intensidad en las solicitudes que se puedan acoger a esta situación.

El texto realizado por Agricultura establece algunos elementos de control de que la presencia de mujeres no sea una fórmula para tener preferencia en las ayudas de forma artificiosa. De hecho, se prevén inspecciones para que las propietarias que figuren en los registros sean, efectivamente, quienes reciben los emolumentos propios de esta actividad.

El documento prevé canales para incentivar el desarollo de titularidades compartidas de las fincas agrarias por medio de la inscripción de un registro público. No se trata que la propiedad esté «a nombre de» una mujer sino que de que ésta cuente con los poderes de representación. La Junta dispondrá de medidas para la incorporación de profesionales agrarias a la cotización de la Seguridad Sociales, acciones contra el acuso sexual e incentivará planes de sensibilización en la materia.