Escuelas Católicas de Córdoba, en pie de guerra contra el ataque del Gobierno a la concertada

En concreto, Celaá afirmó que modificará los artículos 122, 127 y 135 para «recuperar el papel decisivo de la comunidad educativa en los consejos escolares» de los centros públicos y los concertados. Igualmente, eliminará el 109.2 relativa a la demanda escolar para que la escuela pública no sea «subsidiaria de la concertada». Ello implica que eliminará el criterio de «demanda social» para concertar líneas, según la demanda.

Otra reforma será la eliminación del carácter académico de la asignatura de religión y la implantación de una obligatoria de valores cívicos. Una asignatura que se centrará en «los derechos humanos y virtudes cívico-democráticas. Asimismo, eliminará lo que considera «itinerarios segregadores», a partir de los 13 años.

Escuelas Católicas considera que se van a ver afectados derechos y libertades fundamentales : «Se están poniendo en jaque, concretamente, aquellos recogidos en los artículos 16 y 27 de nuestra Carta Magna, es decir, la libertad ideológica, religiosa y de culto, y el derecho a la educación y la libertad de enseñanza».

En este sentido, «no se puede prohibir la elección a la hora de establecer un nuevo colegio de una determinada creencia sobre la cual ofertar un proyecto educativo concreto. Nuestra pretensión no es posicionarnos en contra de la Educación Pública, nada más lejos de la realidad», asegura Escuelas Católicas, sino «defender la existencia de conciertos que posibiliten la creación de centros en los que se puedan transmitir unos determinados valores y creencias con los cuales las familias se sientan identificados y a los que puedan acceder de forma gratuita».

Por otro lado, «tanto por parte de las familias respecto de sus hijos como del alumnado que haya cumplido la mayoría de edad, ha de incluir la posibilidad de elección de aquel centro que se adecúe mejor a sus propias convicciones» .

En cuanto a la asignatura de religión, «se establece como una asignatura de voluntaria elección pero de oferta obligatoria en los centros, dado que así ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional».

Escuelas Católicas aboga por un pacto educativo estatal «que dé estabilidad al sistema educativo español y evite que con cada cambio de Gobierno se apruebe normativa que modifique el sistema anterior », y apela a la unidad de familias, alumnado, profesorado y centros en esta situación adversa.