Una entidad del «caso Mordidas» en el Guadalquivir dice que no llevaba contabilidad pese a recibir ayudas

La comunicación se ha realizado por medio de una comparecencia brevísima en la que se comunica que no es posible la entrega de la documentación ante la situación de la asociación. El problema es que una organización que no tenía ni siquiera una contabilidad básica recibió solamente de la Junta de Andalucía decenas de miles de euros en subvenciones y participó en diversos programas públicos con el objetivo de realizar contrataciones de desempleados y distintas actividades sociales.

Cómo logró sortear los controles públicos una entidad que no apuntaba ni los ingresos ni los gastos que tuviera, por escasos que estos fueran, es la gran incógnita de esta cuestión. Todas las ayudas públicas exigen un proceso de justificación a posteriori que obliga a garantizar que el dinero público entregado se ha dedicado exclusivamente a los fines ordenados en las bases.

Previamente a la consecuención de ayudas, como cualquier gestor de oenegés sabe, es preciso entregar una gran cantidad de documentación con el objetivo de determinar que la organización receptora de fondos cumple con un estándar mínimo de seriedad. Desde las altas preceptivas en los registros correspondientes hasta los certificados de estar al corriente con el fisco o de no haber incurrido en ninguna situación por la que se prohíbe la recepción de subvenciones.

Los Emple@ de la Junta de Andalucía de las anualidades de 2015 y 2016 fueron la gran lotería de la organización Jóvenes hacia el Futuro, que formaba parte de los actos organizados por el PSOE en la zona sur de la capital. Solamente por esta iniciativa, la organización recibió 98.000 euros en la primera anualidad y 138.000 euros en la segunda. Todo ello le permitió realizar las contrataciones por las que supuestamente cobró las mordidas, hechos que han sido constatados por las investigaciones internas ordenadas por la Inspección de Trabajo y por la Consejería de Empleo . La Junta encontró problemas de justificación incluso antes de que aparecieran los problemas y ordenó el reintegro de 25.000 euros de la primera línea de subvenciones. Con posterioridad a la publicación de las noticias sobre la práctica de las mordidas, la Junta emitió la sanción de 46.000 euros a Jóvenes hacia el Futuro y a la Fundación Guadalquivir Futuro así como la devolución de 300.000 euros entre ambas organizaciones por haber desviado fondos para actividades no previstas. Otras entidades públicas, como el Ayuntamiento de Córdoba o la Diputación, incluyeron a esta organización en su reparto de ayudas.

No es la primera vez que los responsables de estas organizaciones se lían con la contabilidad interna. La empresa que asesora a la Fundación Guadalquivir Futuro declaró en el juzgado que no podía presentar la contabilidad porque había sufrido el ataque de un « hacker » con lo que había perdido la mayor parte de la documentación de sus clientes. Posteriormente, se llevaron al juzgado una serie de movimientos contables ligados a las cuentas corrientes de uso común.

El procedimiento sumarial sobre estos hechos encara su recta final con los mismos imputados que ya prestaron declaración. Algunas de las partes han empezado a anular la comparecencia de testigos entendiendo que no aclararían más el desarrollo de los acontecimientos. Que la investigación ha dado todo lo que podía dar de sí dentro de los parámetros con los que se inició. Es decir, una denuncia en la que se aseguraba que una organización no gubernamental había retirado parte del salario de los trabajadores adscritos a un programa de inserción laboral financiado con fondos autonómicos. La responsable de la instrucción tiene que decidir si los hechos descritos tienen materia penal , la calificación de los hechos y si se pasa a la fase siguiente, que es la de vista oral.