Detectan un presunto desvío de fondos hasta 2016 en la residencia Jesús Nazareno de Montoro

Se da la circunstacia que la exdiretora de la residencia, hasta la rescisión del contrato con El Yate, es la misma persona que dirige Ilígora , es decir, la concesionaria de ayuda a domicilio. Pese a dirigir ambas entidades, y compartir mismo espacio -en este caso el asilo de mayores-, la dirección de la residencia firmó con Ilígora un contrato de asesoramiento y consultoría en atención a residentes que, según la investigación, «podría haber sido la base para el flujo de servicios, bienes y derechos entre ambas entidades», así como una forma de justificación de contratación de personal, por parte de Ilígora, de cara a beneficios en programas o subvenciones.

Aunque se desconoce de manera concreta el desglose de los conceptos facturados, la comisión de investigación sospecha que, en vista de las declaraciones de los trabajadores y las facturas aportadas por Ilígora, el contrato firmado podría haber servido para pagar el salario de trabajadoras de la propia residencia, como puede ser el caso de la gobernanta o el personal de portería y administración. Los investigadores desconocen si pudo incluirse la nómina de algún otro empleado. También están convencidos de que a través de este contrato se sufragó material de la residencia , no pudiendo determinarse el volumen ni la exactitud del gasto a lo largo de la investigación.

Lo que sí está claro es que, a la vista de las facturas presentadas en la comisión, se ha detectado irregularidades como que no coincidían los importes o que había facturas por conceptos que escapaban al objeto social del contrato. Los miembros de la investigación señalan en sus conclusiones que no se ha podido concretar con seguridad cuál era la misión de Ilígora en la residencia de mayores, y en base a qué se firmó ese contrato de asesoramiento, ya que la Fundación Jesús Nazareno, propietaria del asilo, había cedido en 2004 la gestión de este servicio a El Yate y entraba, por tanto, dentro de sus competencias.

Otra de las irregularidades detectadas es que como beneficiaria del programa público Emplea+30 de la Junta de Andalucía , la dirección destinó a las personas acogidas a este plan de empleo para cubrir las bajas de la plantilla del asilo durante las vacaciones o días de asuntos propios. Hasta aquí, nada raro, salvo que, a raíz de la comisió se ha detectado que, en alguna ocasión, «se realizaron sustituciones de personal del SAD gestionado por Ilígora», según señalan los responsables de la investigación.