El Defensor del Pueblo indaga en el caso de una niña de Córdoba calificada con altas capacidades por Salud

Así lo manifiesta a Europa Press la progenitora, Ana Esther Galán, que tiene otro hijo de nueve años con Alta Capacidad, y argumenta su postura en base a los citados informes, con los que ha acudido a distintas instituciones, como el Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Menor y Alta Inspección del Gobierno, pendiente éste último de notificar si actúa, además de entregar solicitudes al centro escolar e inspección territorial.

En concreto, en el informe de Educación, emitido a finales de abril de este año y consultado por Europa Press, se acuerda aplicar las medidas generales del aula, después de que se señala que «su rendimiento se ajusta al grupo ordinario», y que «no se aprecia diferencia significativa respecto al grupo», entre otros indicios, todo ello «sin valorar a la niña», insiste la madre.

Posteriormente se detalla una serie de ítem, entre ellos que tiene «desinterés» por implicarse en tareas; «torpeza en actividades que implican precisión»; «parece no escuchar cuando se le llama/habla»; «falta de interés en relatos y cuentos», pese a que «es narradora en teatro», según remarca la madre; «está poco/nada integrada»; «presenta conductas disruptivas o rabietas incontroladas»; «problemas en interacción».

Igualmente, se recoge que presenta «excesivo movimiento y/o impulsividad excesiva», algo en lo que la madre advierte de que «la impulsividad es lo contrario al razonamiento, justo donde muestra un nivel alto, diferente a la media». También, se indica que tiene «dificultad al seguir órdenes sencillas», entre otros ítem y respuestas como que «no comprende con mucha facilidad la información que se le proporciona», aunque «cuando está interesada aprende con facilidad y rapidez».

En este sentido, el equipo docente asevera que «no se observan fundamentos necesarios para considerar» a la niña como «posible alumna con altas capacidades intelectuales en este momento de su desarrollo», por lo que proponen aplicar medidas generales del aula.

El Defensor del Pueblo Andaluz admitió a trámite en mayo la queja de la familia a raíz de la postura del colegio e inició las actuaciones ante los organismos correspondientes, pidiendo a la Delegación Territorial de Educación que aportase información y de este modo iniciar «una actuación mediadora orientada a localizar una solución». La Delegación de Educación contestó al Defensor que las distintas actuaciones y precisando que la menor «no presentaba indicios de necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales y, por tanto, la tutora no había hecho la solicitud de evaluación psicopedagógica a la orientadora de referencia del centro».

La familia manifestó su «desacuerdo» y presentó quejas. Acto seguido, la Inspección de Educación emitió un informe y comunicó al centro «el deber de retrotraer el procedimiento seguido con la alumna, con la finalidad de ajustarlo al protocolo previsto para detección e identificación de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo».

A finales de agosto el Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto de nuevo con Ana Esther Galán, tras recibir su escrito y analizar el contenido del informe de Salud Mental, acordando solicitar la emisión de un nuevo informe, complementario del anterior.

La madre solicitó hace un año al centro la evaluación psicopedagógica por «sospecha de que pudiera precisar medidas de apoyo educativo por Alta Capacidad», a la vez que aclara que ella no quiere que la califiquen con Alta Capacidad, no le importan «las etiquetas», sino que «se tomen medidas», y recuerda que han repetido «exactamente lo mismo que hicieron hace cuatro años» con su hijo.