Una decena de empresas opera en Córdoba con almacenes de residuos peligrosos

Aún se desconocen las causas reales. Y aunque el delegado territorial de Medio Ambiente, Francisco Algar, llegó a decir esta semana que «a priori, no hay causa-efecto entre las llamas y las deficiencias detectadas» parece que las irregularidades advertidas podrían tener un protagonismo indirecto en lo ocurrido.

De momento, el Seprona mantiene abierta una investigación al igual que la propia Consejería de Medio Ambiente, que no ha cerrado el expediente abierto en 2016 con las citadas variables no cumplidas. La Fiscalía de Córdoba está a la espera de conocer los datos de la Guardia Civil para estudiar si emprende algún tipo de acción; y en la Gerencia de Urbanismo , en manos de Izquierda Unida y en plena cruzada contra la cementera Cosmos , aguardan acontecimientos quien sabe si para mover ficha en el mismo sentido.

Entre tanto, todo han sido llamadas a la calma sobre el posible impacto en la salud o la calidad atmosférica. Tanto desde el Ayuntamiento como desde el Ejecutivo andaluz, de la mano en lo político desde la misma noche de los hechos para evitar males mayores. No hay datos, por el momento, que pongan en duda este extremo. Tampoco desde la Universidad de Córdoba , consultada estos días por ABC, se ha querido lanzar ningún pronunciamiento a cargo de algún experto en la materia.

Sin embargo, los alcaldes de Encinarejo y Guadalcázar , probablemente los núcleos más próximos al vertedero (unos 2 kilómetros), han exigido explicaciones a todos los estamentos. No se fían. Plástico, escombros de construcción, restos de poda, madera, amianto, vidrio, metales, cableado,... El listado de residuos que acoge la planta se suma a la complejidad del caso.

En todo este contexto, el resto de operadores del mercado se tientan los ropajes ante lo acaecido, aunque algunos tienen claras ciertas cuestiones. «Si no se gestiona adecuadamente, si no se toman las medidas para acotar riesgos, al final es una bomba que te estalla», afirma a ABC el responsable de una de las 21 empresas autorizadas por la Junta de Andalucía para almacenar en plantas residuos peligrosos (entre ellas Sadeco ), como reza en el último estallido de agosto pasado con una relación completa de 680 gestores de toda Andalucía al que ha tenido acceso este periódico.

« Resulta más barato acumular sin control en un vertedero, después de competir con precios más bajos en el mercado y escatimando en personal y medidas para que se cumplan la norma», apostilla este gestor. La duda está en si se tomará alguna medida cautelar o finalista en cuanto al cierre de instalaciones . «No es fácil», concluye este operador.

Los datos que se pueden extraer de los registros oficiales apuntan a la existencia en estos momentos en la provincia de Córdoba de un total de 71 empresas autorizadas por la Junta de Andalucía para operar con residuos peligrosos . Representan algo más del diez por ciento del total andaluz (680). De esa cifra, un total de 21 cuentan en su labor diaria con plantas o almacenes de restos . En el resto de los casos estamos ante simples desgüaces, transportistas de vestigios, descontaminantes, meros intermediarios o empresas con líneas de valorización (la línea por la que se apuesta desde Bruselas frente al almacenamiento), reciclaje o tratamiento previo. Un escalón más abajo, de las 21 firmas que acumulan residuos peligrosos , diez están en la capital y las once restantes repartidas por varios puntos de la provincia: Puente Genil, Lucena, El Viso, Fuente Obejuna, Santaella...

A todas ellas, la Consejería de Medio Ambiente está obligada a realizarles dos tipos de auditorías. Una, cuando solicitan la correspondiente autorización ambiental integrada . Y otras más que se incluyen en un programa de inspecciones para testar si las empresas que gestionan los residuos cumplen con las condiciones de funcionamiento establecidas en esa autorización.