Cronología del caso Guadalquivir Futuro de Córdoba: tres años de instrucción para probar las «mordidas»

ABC Córdoba publica en junio de 2016 la presunta apropiación de dinero de subvenciones para trabajadores por parte de la Fundación Guadalquivir Futuro y otras dos asociaciones satélite ligadas al Partido Socialista. En la mira, la presidenta, María Ángeles Muñoz, y su hijo, Cristian Menacho, que era secretario local de la Juventudes Socialistas.

A partir de entonces, entra en juego la Inspección de Trabajo y la Junta , que inician su propia investigación. Entretanto, las asociaciones seguirían recibiendo subvenciones por parte del Ayuntamiento y la Diputación. El área de Servicios Sociales del Consistorio decidiría después paralizar las ayudas.

En octubre de 2016, Empleo sanciona a Guadalquivir Futuro con 46.251 euros y le reclama la devolución de 300.000 euros en ayudas por el fraude cometido. Todas las organizaciones afines estarían cinco años sin recibir subvenciones de la Junta. Una vez hecha pública la sanción, las Juventudes Socialistas piden la dimisión de Menacho.

Podemos presenta en el juzgado de guardia la primera denuncia penal contra el desvíos de ayudas Emple@. El partido que dirige en Andalucía Teresa Rodríguez opta por poner en conocimiento de los juzgados la situación de estas organizaciones. Los firmantes de la denuncia son los parlamentarios de Podemos David Moscoso y Juan Ignacio Moreno de Acevedo.

El Juzgado de Instrucción número 8 llama a declarar en calidad de investigados a la cúpula de la Fundación, así como a otros miembros de las entidades. Tanto Muñoz como Menacho niegan los hechos. La presidenta asegura ante los medios, contundente, «donde no hay, no hay» . Por su parte, los trabajadores declaran que tuvieron que pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo que financiaba la Junta mediante un sistema de ayudas finalistas.

La Inspección Provincial de Trabajo de Córdoba llega a acumular hasta 33 testimonios probatorios de las «mordidas».

En este periodo, la Fundación Guadalquivir presenta las cuentas que previamente había denunciado como «perdidas» . El asesor fiscal de la fundación asegura ante la jueza que instruye el caso que «el sistema informático de la asesoría había sido «hackeado» «y que se ha perdido toda la información, no sólo de la Fundación Guadalquivir sino del cerca del medio millar de clientes que tiene en cartera». La jueza instructora ordena una segunda requisitoria a la Junta de Andalucía para que aporte al sumario la totalidad de la documentación referida a las ayudas públicas recibidas a esta fundación así como la justificaciones de cada uno de los proyectos.

La Fundación Guadalquivir Futuro presenta ante el juzgado algo parecido a una contabilidad en la que pretende intentar convencer a las partes del procedimiento que perdía dinero con los cuantiosos recursos que le entregó la Administración.

La causa va engordando a lo largo de 2018 y aparecen otras denuncias que derivan en piezas separadas en manos de otros órganos judiciales, como es el caso del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba que abrió una investigacón sobre el uso de las ayudas recibidas por el entramado de oenegés de la Fundación Guadalquivir Futuro para programas sociales de discapacitados con síndrome Down, así como el reparto de comida como «banco de alimentos» dentro de un programa de emergencia social de la Junta de Andalucía.

De hecho, en marzo un juez condena por primera vez a la Fundación y da la razón a tres extrabajadores, que tuvieron que entregar más de 5.700 euros de sus nóminas.

Por su parte, el Juzgado número 8 solicita seis meses de prórroga para concluir la instrucción de esta causa al declararla «compleja».

A lo largo de este ejercicio siguen las declaraciones. Una sobrina de Muñoz llega a decir que su tía presumía del respaldo político que tenía, aseverando que ella decía que «tenía agarrados por los cojones a Juan Pablo Durán y a Rosa Aguilar» .

A principios de año, la Fiscalía de Córdoba vuelve a pedir mediante un escrito la urgente emisión del informe pericial sobre las cuentas de la Fundación Guadalquivir Futuro.

En enero también se dicta la segunda sentencia por parte del Juzgado de lo Social 4, que condena a la Fundación a devolver más de 5.000 euros de «mordidas» a empleados.

En febrero sale a la luz un informe para Instrucción 8 refleja que el colectivo tenía una caja boyante y obraba con un caos contable. El perito calcula en unos 440.000 euros el dinero recibido en subvenciones en dos años de la Junta, Cajasur, la Diputación y el Ayuntamiento solo por parte de la Fundación Guadalquivir Futuro.

La acusación particular slicita la práctica de nuevas diligencias para «clarificar todos los extremos que se recogen como zonas oscuras ante la ausencia absoluta de contabilidad, o parcial, deficiente e incompleta, respecto tanto de ingresos como gastos» desconocidos en el informe pericial practicado, diligencias que son finalmente denegadas.

La titular de Instrucción 8 dicta el auto por el que pone fin a la investigación de la causa y lo transforma en Procedimiento Abreviado. Considera a la cúpula de la Fundación Guadalquivir Futurio presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones.