El «crack» silencioso de Rafael Gómez

Pese a que la crisis y el propio caso «Malaya» castigaron brutalmente a su imperio empresarial -tras su detención en 2006 por dicho caso, la banca le retiró la alfombra roja-, a finales de 2013, Gómez parecía renacer. En aquellas fechas, como empresario alardeaba, fuera de micro -él no puede tener casi nada a su nombre por las enormes deudas que arrastran sus sociedades- de un conglomerado de negocios con 400 empleados . Como político, preparaba el desembarco de su exitoso partido, UCOR, en localidades de Córdoba.

Pero lo de su formación política se acabó desmoronando también. Cuando llegan las municipales de mayo de 2015, Gómez ni presenta listas en pueblos ni se emplea a fondo en la campaña de la capital. De cinco ediles en 2011, se hunde a uno, que le corresponde a él, pero no toma posesión de su acta . Para entonces, le persigue con fuerza una causa judicial que arrancó allá por 2009, con menor impacto en los medios, pero que puede acabar siendo mucho más grave para él; incluyendo lo personal. Es una investigación por fraude a Hacienda .

La Fiscalía le pide a él 44 años de prisión (cuatro por cada uno de los 11 delitos de que le acusa) y una indemnización de entre 57 y 342 millones . El Ministerio Público solicita, además, 22 años a cada uno de sus cuatro hijos (a razón de 2 años y nueve meses por ocho delitos) y una indemnización aproximada a la de su padre.

Gómez, hombre familiar, ha dado siempre cobijo a sus cuatro vástagos en sus empresas. A diferencia de él, que presume de ser un hombre hecho a sí mismo sin estudios , sus hijos sí han tenido una buena formación. «Sandokán» tiene una doble preocupación: la multa a la que se expone -por su edad no debería entrar en prisión- y el impacto que el resultado del juicio tenga en sus hijos, que, además, se expondrán a los medios , cuando tradicionalmente se han mantenido en segundo plano; todo lo contrario que su progenitor.