La crisis económica deja más de 90.000 beneficiarios de las ayudas del Estado en Córdoba

La cifra no se puede determinar con exactitud ya muchos de esos perceptores han accedido a varias prestaciones. Sí se conoce al detalle el número de beneficiarios de la que quizás tenga mayor impacto social: los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una figura testimonial antes de la crisis pero que ya forma parte del día a día de la sociedad. Durante 2020 (de abril a diciembre), según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, hubo 47.573 cordobeses perceptores de ERTE.

Muchos de ellos tuvieron que pedir la ayuda varias veces, por lo que el cómputo total de prestaciones asciende a 74.903. El mayor pico se registró al inicio de la pandemia, cuando en pleno confinamiento total debido al estado de alarma fue necesario apoyar a 41.884 desempleados de la provincia.

Esa cifra se ha rebajado enormemente hasta los 8.738 parados en ERTE que hay ahora, un 79 por ciento menos, si bien está por ver el impacto de los cierres parciales de la economía en los municipios donde la Junta aplica el Nivel 4 de Alerta con Grado 2, lo que obliga a cerrar hostelería y casi todo el comercio.

Como es lógico con esas cifras, la factura de los ERTE para las arcas estatales es onerosa. El año pasado sólo en Córdoba el gasto por ese concepto supuso 126,84 millones de euros ; para todas las prestaciones por desempleo, incluidas las que ya existían antes de la crisis, se necesitaron 426 millones.

Otro de los soportes estatales de importancia fue la compensación por el cese de actividad de los trabajadores autónomos (CATA), conocido como el «paro de los autónomos» , que no existía antes de la crisis del Covid-19 pese a que se trata de una vieja aspiración del colectivo.

La patronal de las mutuas que colaboran con la Seguridad Social cifra estas ayudas en exactamente 33.602 a lo largo de 2020 y en todas las líneas existentes, lo que supone un 68% de todos los autónomos registrados en la provincia, que alcanzan los 52.176.

Casi todas las peticiones de ayuda del «paro de los autónomos» fueron concedidas por el Gobierno, con una tasa de aprobación del 93 por ciento (sólo se rechazaron 2.463). Su importe ha sido también gravoso para las arcas del Estado: 82,4 millones de euros.

Con todo, la línea más cuantiosa de ayudas para paliar los efectos de los efectos de la crisis fue otra muy distinta. Se trata de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) , que llegaron a unos 9.000 autónomos y pymes de la provincia, según ha indicado en rueda de prensa el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado.

Se llevaron a cabo 14.700 operaciones por valor de 1.400 millones de euros sólo en la provincia de Córdoba. Hay que recordar que esta línea de ayudas formaba parte de un paquete inicial de 100.000 millones de euros para todo el país que se fue liberando por tramos y que más tarde se amplió.

A diferencia de las prestaciones sociales, estos créditos no son «a fondo perdido» . Las empresas y autónomos que los reciben están obligados a devolverlos, si bien se concenden en unas condiciones ventajosas con respecto a la banca tradicional. «Esto cuesta mucho y los empresarios deben de cumplir» sus obligaciones, ha recordado Hurtado.

Queda por último otra de las novedades aprobada por el Gobierno central en plena pandemia, si bien se trataba de una promesa electoral de la izquierda que nada tiene que ver con el Covid-19. Se trata del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación pensada para quienes nada tienen, ni siquiera el derecho a las prestaciones del nivel más bajo, bien porque las hayan agotado o porque no las tuvieran reconocidas.

La tramitación del IMV comenzó en el verano del año pasado con enormes problemas y retrasos. Sólo a finales del año pasado comenzaron a liberarse las ayudas con fluidez, si bien se pagan con carácter retroactiva. Hurtado cifró en 5.500 los beneficiarios de esta paga social ahora mismo, pero esa cifra podría aumentar en los próximos meses.

Las últimas estimaciones del Gobierno central reflejan un gasto de 57 millones de euros al año en la provincia de Córdoba, pero el cálculo está hecho para un potencial de 17.000 familias beneficiarias.