La constructora del Centro de Convenciones pide al Ayuntamiento más de dos millones para dejar la obra

La empresa ha abierto fuego reclamando la resolución del contrato , una figura que exige el pago de todos los servicios prestados más un porcentaje del presupuesto total de la obra. En total, más de dos millones de euros de dinero público por romper toda vinculación con la institución, una iniciativa que no se contempla en Capitulares, al menos, sin pasar por los tribunales de justicia. La figura de la resolución de contratos se encuentra tasada en la legislación y se tiene que deber a causas objetivas de imposibilidad de llevar a cabo el contrato. La sociedad mercantil llevaba meses advirtiendo que reclamaría daños y perjuicios por el desarrollo de las actuaciones, iniciativas que hasta el momento no se habían sustanciado en una cifra concreta.

Fuentes municipales explicaron que la empresa ha reclamado de forma paralela una ampliación del plazo , que sería el cuarto desde que se iniciaron las actuaciones. En el gobierno municipal se asegura que no se está dispuesto a poner en riesgo la situación de las cuentas públicas. Ayer, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio , distribuyó unas declaraciones por medio de Europa Press en las que aseguraba que se habían hecho realidad «las peores pesadillas» con una actuación «mal planificada». Hasta el momento, el Consistorio ha decidido rechazar todos los recursos aunque fuentes municipales explican que los servicios técnicos sí que están valorando seriamente acceder a la nueva prórroga, al menos, con el propósito de negociar la situación.

El cogobierno de PSOE e IU había optado por no ceder ante la empresa constructora la nueva situación en una política de firmeza que no se tuvo en los primeros instantes del mandato, donde se llegaron a aceptar cambios en el proyecto a instancias de la dirección facultativa . Los rastros se pueden seguir en los medios ya que el Área de Presidencia, entonces en manos de David Luque, decidió dar cuenta del acuerdo alcanzado que implicaba un sobrecoste cercano al millón de euros , en torno a un diez por ciento del precio total de la licitación, que superaba los diez millones de euros.

Lo que ocurrirá ahora es previsiblemente malo. Si el Consistorio mantiene sus planes, a partir del 21 de febrero empezarán a discurrir las penalizaciones previstas en el pliego de condiciones. Se trata de un sistema de multas en el que el órgano contratante -esto es, el Ayuntamiento de Córdoba - va sancionando a la empresa con un porcentaje del presupuesto cada vez que se genera un retraso determinado. Se trata de una situación más formal que real. Ambas partes ya han puesto los mimbres para que esta cuestión se ventile en los tribunales.

La empresa contratista ha recurrido, según palabras del concejal responsable, Emilio Aumente , todo lo recurrible. Administrativamente, no está de acuerdo ni en los planteamientos de proyecto realizados ni en las cantidades que se le han venido pagando por los trámites intermedios de obra, lo que se conoce como certificaciones . Ninguna de estas protestas ha llegado todavía a los tribunales.

Lo que puede ocurrir ahora es un verdadero misterio, sobre todo, por la enorme diferencia de pareceres entre las partes. El gobierno municipal parecer haber tomado la determinación de que no habrá ni un euro más para una actuación que políticamente nunca convenció al PSOE estando en la oposición. La cuestión se puede resumir de la siguiente manera: si se repetirá el problema del Palacio de Congresos -donde la Junta ha estado meses y meses desenredando la madeja-, si se puede llegar a un acuerdo extrajudicial entre las partes o si la salida será la de la Normal .

Este último proyecto quedó varado, igual, por diferencias notorias entre el equipo de gobierno del PP y la constructora responsable de la licitación. Ésta se fue a los tribunales de justicia donde pidió una paralización cautelar. El juzgado la negó asegurando que protegía el interés público . El Consistorio podrá abrir el centro multiusos de la antigua escuela de Magisterio del Sector Sur . El equipo de gobierno actual parece moverse guiado por esa hoja de ruta.

Una de las sorpresas que se puede llevar el Consistorio es que el caso no sea exactamente el mismo. En concreto, que UCOP proteja sus intereses maniobrando legalmente por medio de los procedimientos de reacción mercantil ante la insolvencia. La peor de las alternativas que obligaría al Consistorio a guardar cola. Al Ayuntamiento le conviene que la contratista no se le muera en el camino.