Las claves de la sentencia contra Rafael Gómez por fraude fiscal

El juez del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba considera como hechos probados que el grupo de empresas familiar estaba centralizado en Rafael Gómez , su cónyuge y sus cuatro hijos, dueños de todo el entramado empresarial. Pero quien tomaba las decisiones y llevaba todas las riendas de grupo era el acusado Rafael Gómez Sánchez mientras su esposa e hijos eran meros empleados del entramado , y se estima que realmente no tenían conocimiento de la marcha y de las decisiones de las empresas del grupo, limitándose a firmar los documentos que se le ofrecían.

Los dos delitos fiscales que han llevado a la condena de prisión a Gómez son de un lado el impago de 25,5 millones de euros correspondiente al Impuesto de Sociedades de Arenal 2000 y de 3,2 millones por dejar de tributar por Arenal 2001 S.L. en el ejercicio 2006.

El ingreso de Rafael Gómez en prisión depende de varios factores . El primero de ellos es que la Fiscalía lo solicite expresamente como medida cautelar atendiendo a unos supuestos legales que no dependen tanto de la cuantía de la pena de prisión sino de la gravedad y riesgo, por ejemplo, de fuga, pero en principio nada apunta a este extremo. La Fiscalía estudia tanto si solicitar esta medida cautelar como el propio recurso. De hecho, la defensa de Gómez ha recordado que la sentencia no es firme y ha anunciado su firme intención de recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Córdoba. La defensa de Gómez, la Abogacía del Estado o la Fiscalía tienen un plazo de 10 días para recurrir la sentencia. La A udiencia Provincial podría tardar hasta 3 meses en resolver el recurso.

Fuentes de la Fiscalía han asegurado a ABC que las dos penas a las que ha sido condenado Rafael Gómez (2 años y 9 meses; y de otro, 2 años y 6 meses) se suman. Es decir, que el empresario cordobés tendrá que ingresar en prisión 5 años y 3 meses si se confirma la sentencia. A esto habría que sumar en caso de impago de los 112 millones de multa penas de 3 a 6 más de prisión, es decir, el impago de multa pasa a contabilizarse como pena privativa de prisión .

En España, no hay ninguna norma que impida la entrada en prisión a una persona por lo avanzado de su edad . La regulación se establece en el artículo 92 del Código Penal , que los sentenciados que hubieran cumplido la edad de 70 años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de aquélla o, en su caso, las dos terceras, podrán obtener la concesión de la libertad condicional. El mismo criterio se aplicará cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables. Pero a priori, no hay ningún impedimento para entrar en prisión a partir de los 70 años de edad sino que en caso de superar dicho límite, s e puede acceder a la libertad condicional, de una manera más fácil , siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto en el Código Penal.