Ocho empresarios se enfrentan desde hoy al juicio por fraude de los cursos de formación en Córdoba

El juicio por este escándalo que llevó a comisaria Campo Madre de Dios a decenas de personas, entre ellas con imputaciones políticas de los responsables socialistas que llegaron a desinflarse , llega después de dos aplazamientos. El Juzgado de lo Penal 4 de Córdoba tiene previsto celebrar el juicio de forma interrumpida desde este viernes 21 de febrero al 5 de junio de 2020 . La vista se prolongará durante 17 sesiones.

Los primeros en declarar serán los ocho acusados los días 21 y 26 de febrero, además de los días 5, 6, 13 y 20 de marzo. A estas declaraciones le seguirán las de los testigos -entre ellos alumnos- los días 27 de marzo, 3, 17, 24 de abril, y los días 8 y 14 de mayo por parte de dos testigos de la Policía Nacional. A partir de ahí, la Fiscalía y las defensas expondrán sus conclusiones finales y darán a conocer sus informes definitivos.

Esta causa, que de desinfló de las raíces política del PSOE andaluz durante la frase de instrucción, saltó a las portadas en 2014, cuando la UDEF detuvo a más de 300 personas en las operaciones Óscar y Edu. Las redadas policiales dieron pie a la apertura de 18 causas judiciales, muchas de las cuales ya han sido sobreseídas. No es el caso de Córdoba, donde la Fiscalía sentará en febrero en el banquillo a ocho empresarios, de los 30 iniciales. Ningún político o funcionario han sido acusados de nada. Estos ocho empresarios cordobeses están acusados de falsedad documental o fraude de subvenciones por los cursos de formación de la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2011 .

La calificación del Ministerio Público acusa a E.S.C., R.R.M., A.G.M., C.P.P.C., J.M.LL.N., J.J.N.C., de ser autores de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial a tres años de prisión y multa de 27.000 euros para cada uno. Para el exconcejal del PSOE del Ayuntamiento de Peñarroya M.M. y el empresario M.A. F. D. los considera responsables de un delito de fraude de subvenciones, que se traducen en tres años de cárcel, multa de 300.000 euros y cuatro años sin ayudas públicas.

La Fiscalía solicita indemnizaciones cuantiosas a los presuntos autores del fraude de las subvenciones a los cursos de formación, que llegan a los más de 200.000 euros en algunos casos. Para el primero de los acusados E.S.C., que recibió 152.145 euros en subvenciones para dos cursos de formación para desempleados relacionados con la automoción deberá indemnizar a la Junta con 35.419,19 euros del importe obtenido indebidamente.

El segundo de los acusados, el empresario R.R.M. deberá indemnizar a la Junta con la cuantía que estime el tribunal a través de la documentación presentada en los cursos de formación en sus centros, que podría ser incluso de la totalidad del importe de la subvención obtenida que es de 65.960 euros. En el caso de M.A.F.D., uno de los dos acusados del delito de fraude de subvenciones la Fiscalía solicita la devolución íntegra de las subvenciones recibidas de forma fraudulenta por importe de 200.445 euros. Para la cuarta acusada C.P.P.C., la indemnización que calcula la Fiscalía que tendría que devolver a la Junta es de 17.347,22 euros. En el caso de J.M.Ll.N. la responsabilidad civil sería de 15.231,50 euros, importe obtenido indebidamente a través de la falsedad de las facturas realizadas , y en su caso podría solicitarsele la cuantía íntegra de la subvención que fue de 50.050 euros.

El séptimo de los empresarios acusados se enfrenta a una responsabilidad civil por parte de la Fiscalía de 22.143,75 euros, importe obtenido a través de las facturas falsas para justificar la subvención de 49.320 euros recibida. En el caso del exconcejal socialista del Ayuntamiento de Peñarroya M. M. , la responsabilidad civil estimada por el Ministerio Público es la devolución íntegra del importe de las dos subvenciones obtenidas de forma fraudulenta por su empresa, al impartir cuatro cusos de formación asciende a 207.520 euros.

Los ocho empresarios acusados de fraude en el caso de los cursos de formación y que afectó a toda Andalucía utilizaron, según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, todo tipo de artimañas para apropiarse de un dinero público y enriquecerse de forma ilícita , tales como cobrar por profesores inexistentes, presentación de supuestos gastos de material que no se realizaron o facturas ficticias a su propio nombre. No en balde, los cargos que se imputan son falsedad documental y, en algunos casos, fraude de subvenciones.