Un cambio legal permitirá dar servicios a parcelaciones en proceso de legalización

El palo es que hay que invertir para regularizar las viviendas. La zanahoria es que será más barato y no habrá que esperar a desarrollar todo el trámite para disponer de servicios básicos. Se podrán emitir licencias provisionales con el objetivo de que las casas tengan agua o saneamientos sin necesidad de que todo esté concluido pero con una condicionalidad concreta. La ley dirá que esos permisos no pueden ser indefinidos y que los municipios que los expidan tienen que garantizar que, junto al agua, va la legalización completa de las inversiones. Hasta el momento, en Córdoba se han dado miles de enganches sin más soporte normativo que la voluntad y la necesidad política de los distintos alcaldes que los ordenaron. Jugándose, en algunos casos, el bigote en materia penal.

La norma, explicó ayer el viceportavoz socialista, Emilio Aumente , supone hacerle agujeros a la LOUA para que sea más fácil acogerse a la legalidad. La realidad es, básicamente, esa. La Junta disponía de unas condiciones de legalización que no eran aplicables, según la práctica totalidad de los experimentos que se han puesto en marcha. Se trata de procesos caros que los municipios podrán, en adelante, «modular». La ley entiende por modular establecer estándares de legalización más asequibles sin que sea necesario que una parcelación disponga de los mismos elementos constructivos (aceras, tuberías, carriles bici, etcétera) que un barrio normal. La Junta siempre fue enormemente contraria a abrir la mano en esta materia incluso a propuesta de los expertos cercanos al PSOE que desarrollaron esta idea llamada « urbanización blanda ».

La cuestión de la enmienda es que supone un (otro) punto y final. Se podrán acoger las parcelaciones y edificaciones existentes pero no las futuras. Quien se haga una casa sin papeles a partir de la entrada en vigor de este texto legal, no podrá invocar su cumplimiento. La nueva norma modifica también todo el proceso ambiental para modificar los planes generales de ordenación urbana , en un proceso iniciado por el Gobierno andaluz por simplificar los trámites que se exigen.