Una de cada tres órdenes de protección incoadas en Córdoba son denegadas

Las razones que justifican el rechazo a establecer una orden de protección son, básicamente, dos. Que no exista peligro para la víctima o que los hechos que denuncie no se consideren delito. Así lo corrobora el Consejo General del Poder Judicial, que argumenta que esta medida se hace efectiva «en los casos en los que existen indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y que existe una situación objetiva de riesgo para la víctima. Así, se ordena su protección mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias».

Y ¿qué tipo de medidas se pueden adoptar tras aprobarse una orden de protección? Pueden ser de diversa índole. Entre las de orden penal dirigido al inculpado, la prohibición de residir y/o acudir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma; que no puede aproximarse o comunicar con la víctima; que se le prohiba llevar o tener armas o la prisión provisional.

El Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía ( SAVA ) ha recibido del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección un total 530 casos derivados de violencia de género en lo que va de año, la mayoría de víctimas con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años (47%) .

En lo que va de año, el SAVA ha registrad o 1.411 personas usuarias , de las cuales, el 76%, 1.081, son mujeres , según ha facilitado a ABC la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.

La cifra es similar a la llevada a cabo durante el pasado año en en el que el SAVA asistió a un total de 1.184 personas en Córdoba, el 80% mujeres, que accedieron a un recurso completamente gratuito , ubicado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran. En cuanto a la tipología de los delitos sufridos por las víctimas que acudieron al SAVA durante 2016, la mayoría son contra las personas (43,7%), seguidos de los de lesiones (25,8%), contra la libertad (7,1%) y las relaciones familiares (4,6%).