Los bomberos de Córdoba llevan al juzgado que se les prohíba impartir clases

La medida obligó a dos institutos de FP a improvisar una salida cuando ya tenían a los estudiantes matriculados. El asunto de la compatibilidad de los funcionarios públicos con la docencia parecía totalmente superado pero este supuesto puso en crisis las estrechas costuras de una ley antigua.

En este supuesto, un funcionario puede recibir la compatibilidad para dar clases en una facultad pero no así en un instituto de FP. Ningún partido entendía que la aplicación de la ley fuese lógica pero la compatibilidad se acabó denegando. Hubo dos centros afectados por esta medida, el IES Galileo Galiei y el centro de la Fundación Albor. En ambos casos, se había creado un título de técnico en emergencias.

Para impartir estas clases, la Junta de Andalucía dibujó un perfil tremendamente práctico para que fuesen funcionarios con experiencia reciente o en ejercicio. De hecho, se llegaron a realizar los correspondientes procedimientos de entrega de méritos , valoración de los mismos y puntuación.

Ahí es donde fueron elegidos tanto los funcionarios del Consorcio como los del SEIS que fueron elegidos. Y nadie tenía una noción de que aquello podía salir mal porque los futuros profesores recibieron hasta el material necesario para dar clases.

Los recursos presentados sostienen que las resoluciones denegatorias de incompatibilidad son inmotivadas. Que se basan en un recorrido por legislaciones estatales muy antiguas , superadas en algunos casos, y que no tuvieron en cuenta que fue la propia Administración quien quiso que sus empleados en ejercicio dedicasen unas horas de su tiempo para enseñar a los futuros profesionales.

Los recursos entienden además que solamente un bombero tiene la cualificación precisa para que impartir ese tipo de conocimientos por su especificidad.

Los dos recursos presentados piden a los juzgados que anulen la denegación de la compatibilidad de forma inmediata y que, a su vez, den la plaza de profesor a los funcionarios del Consorcio que fueron rechazados. Esos puestos de trabajo están ocupados a día de hoy.

Como el malestar de estudiantes, familiares e institutos era evidente, el Gobierno andaluz decidió modificar los requisitos a la baja con el objetivo de cubrirlas de la manera más rápida posible. Esa decisión también está, indirectamente, sobre la mesa de los juzgados.