El Ayuntamiento de Córdoba aprueba un plan contra el fraude de los fondos europeos

El principal órgano de control interno de las posibles situaciones de fraude será un comité que ya ha empezado a reunirse. Se encuentran en este foro el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico , y el coordinador general del Ayuntamiento y presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellanos. Además, se han nombrado titulares y suplentes de Tesorería, Intervención, Contratación, Asesoría Jurídica y Transformación digital.

El programa no funciona para suplir a los controles existentes, administrativos o jurídicos, sino para colocar vigilancia interna añadida formada por personal propio de la institución. No existen técnicos externos ni políticos de la oposición que tengan acceso a la información de primera mano que se pueda desarrollar en este tipo de comités que, si todo va bien, se convierten en meras formalidades.

La norma antifraude de la Unión Europa plantea todos los escenarios. Esto es, posibles de corrupción activa (ofrecer ventajas para sí o un tercero) o pasiva (recibir ventajas de un tercero) en el marco de la gestión de los millones de euros que se van a recibir de Europa. Entiende también medidas para controlar los conflictos de intereses ya sean aparentes, potenciales, reales. Los posibles actores son tanto personal municipal como empresas o profesionales externos que se verían beneficiados de las irregularidades.

El sistema está orientado para que el comité antifraude detecte las posibles perversiones de la gestión del dinero europeo. Se desarrollará una especie de evaluación por medio de un test aunque no parece probable que nadie se inculpe por medio de una declaración de este tipo. Así, se han definido lo que Europa llama «banderas rojas» : elementos en los que hay que entender que es posible que se esté cometiendo una irregularidad y/o un posible delito.

El plan antifraude realiza una especie de enumeración de aquellos síntomas que se tienen que controlar. La obvia son las comisiones ilegales que son las más difíciles de probar. Por ello, se establecen indicadores como relaciones sociales estrechas entre contratista y gestor del contrato, que la empresa «tenga fama» de pagar comisiones, cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que elevan su valor o que un empleado municipal tenga un negocio externo encubierto.

Se pide expresamente atención a los contratos con una sola oferta o un número anormalmente bajo de licitadores, una extraordinaria similitud entre el pliego realizado y el proyecto entregado, quejas de empresas o adjudicaciones donde se definan productos de una marca concreta en lugar de un modelo genérico. Se pide también atención a patrones exactos de rebaja de oferta, repartos por regiones de los servicios licitados o que el adjudicatario subcontrate con las empresas perdedoras.

Son banderas rojas favoritismos inexplicables a un contratista o vendedor, aceptaciones de trabajos de baja calidad o alto precio, que no se presenten las declaraciones de conflictos de interés obligatorias , que un empleado público rechace un ascenso para mantener el control sobre determinados trabajos o que exista una «socialización» entre empleados públicos y proveedores. El plan establece también medidas para detectar el fraccionamiento del gasto o la manipulación de ofertas presentadas.

Una cuestión de interés es que, con la actual ley en la mano, cualquier funcionario o empleado público que detecte una irregularidad ha de informar de ella. El sistema de la Unión Europa respeta esa cuestión pero entiendo que, lo primero, es comunicarlo a las autoridades comunitarias. Se permite el procedimiento de información reservada y dar cuenta al Ministerio Público. Pero la UE no quiere enterarse la última . El comité antifraude puede examinar el expediente que quiera, cuando quiera y sin dar explicaciones.