La Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en junio el macrofraude de la Seguridad Social con 83 acusados

El cabecilla de este entramado de empresas ficticias que facilitaba la adquisición de derechos sociales falsos con el objetivo de acceder a ayudas como subsidios o prestaciones por desempleo aguardaba como preso preventivo en este centro penitenciario madrileño a la espera de ser juzgado por la Audiencia Provincial de Córdoba.

El fiscal encargado del caso, Juan Antonio Merlos, solicitaba en su escrito de acusación para el principal encartad, R.E.G. seis años de prisión, multa de 325.000 euros y una indemnización a la Tesorería de 108.656 euros y penas accesorias como responsable directo de las percepciones recibidas por los acusados y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal. Al principal cabecilla de la trama le constaban órdenes de búsqueda, detención y personación por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, entre otros. El acusado permanecía huido de la Justicia por estas causas pendientes.

La petición del Ministerio Público para el resto de los 83 acusados suma penas de prisión de 81 años y la devolución de cientos de miles de euros a las arcas públicas.

La operación arrancó el 12 de febrero de 2014 cuando la Inspección de Trabajo y Segruidad Social emitió un informe en el que concluía que el principal responsable del entramado empresarial era R.E.G., quien suscribía contratos desde 2012 en nombre de empresas ficticias, comunicaba a la Tesorería de la Seguridad Social las altas y bajas de los presuntos trabajadores y les proporcionaba el certificado de empresa. El informe de la Tesorería detallaba que el acusado tenía hasta seis empresas ficticias gestionadas por él y de apariencia formal y real, que servían para fines fraudulentos mediante relaciones laborales simuladas al objeto de que los supuestos trabajadores obtuvieran prestaciones por desempleo o la obtuvieran en cuantías superiores a las que les pudieran pertenecer, o la contratación de trabajadores extranjeros para que pudiesen regular su situación en el país.

Las empresas tenían grandes deudas con la Seguridad Social sin contar lo indebidamente cobrado por esos falsos trabajadores que recibieron en ayudas y prestaciones cantidades que oscilan entre los 800 y los 17.500 euros por cada uno de los empleados.

El escrito de la Fiscalía establece en este caso distintos niveles de responsabilidad de la trama con 83 acusados. En el primer nivel se encuentra el cabecilla de la trama R.E.G. y al que se le piden seis años de prisión, multa de 350.000 euros e indemnización de 108.000 euros a las arcas públicas. En segunda instancia, se encuentran los siete administradores de las empresas ficticias a los que se le piden tres años de prisión a cada uno por ser los responsables legales de estas sociedades mercantiles. En última instancia, se encuentran los beneficiarios. Los 36 que pasaron más tiempo «contratados» por las distintas empresas, el fiscal les pide una pena de un año y dos meses de prisión cada uno. Para el resto, 38 personas, el fiscal pide penas de cuatro meses y quince días de prisión con penas accesorias como la devolución de los subsidios obtenidos más las multas correspondientes.