La Audiencia juzga en febrero al exalcalde de Algallarín (PSOE) por delitos de malversación y prevaricación

El exalcalde socialista y el tesorero se sentarán en el banquillo de los acusados diez años después de cometer presuntamente estos delitos. La Fiscalía de Córdoba los acusa de varios delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que se enfrentan a penas que suman más de 11 años de cárcel y e inhabilitación para empleo o cargo público .

Los cargos que le imputa la Fiscalía de Córdoba, a cuyo escrito fue publicado por ABC en 2018, están relacionados con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito a nombre del alcalde con cargo al Ayuntamiento , al pago de «voluntarios» sin quedar acreditado que ejercieran labores reales o el cargo a las arcas municipales de conciertos y actos del PSOE , e ntre otros muchos pagos sin control ni justificación .

El Ministerio Público le acusa ademas de un delito de malversación por realizar también transferencias bancarias directas a sus cuentas particulares tras perder las elecciones .

La Fiscalía en su escrito de calificación provisional de los hechos considera que el exalcalde del PSOE en el periodo que tuvieron lugar los hechos -entre 1999 y 2011- ostentaba las atribuciones previstas para su cargo de «ordenador de gastos y pagos de su Corporación».

Mientras, el acusado F.A.P., en su condición de tesorero de la ELA, tenía las funciones de «manejo, realización de pagos, cobros y organización de la entidad ».

Pese a lo señalado, según el escrito del fiscal, los acusados -el alcalde desde 2006 y el tesorero desde 2007 hasta prácticamente un día antes de que fueron relevados por el nuevo equipo municipal el 11 de junio de 2011- « dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos, no existiendo correlación entre los presupuestos de gastos y los realmente ejecutados.

El alcalde y el tesorero llevaban a cabo gastos sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales , incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (alcalde, tesorero e interventor) y dejando de jusitificar salidas de fondos municipales».

A la largo de la dilatada instrucción del caso, más de cinco años después la Fiscalía recogía en su escrtio de acusación que fueron « múltiples los pagos de facturas sin concepto alguno , sin constancia de éstas, utilizando incluso una tarjeta de crédito a nombre del regidor a cargo de la cuenta de la entidad titularidad del Ayuntamiento sin control alguno» , reitera el Ministerio Fiscal.

Entre estos desvíos de fondos, la Fiscalía recoge cómo el alcalde de Algallarín percibió mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento 1.071.419,40 euros de la venta de una finca en camino del Soto , siendo el importe real 1.080.000 euros, de acuerdo con el expediente de enajenación, sin que coste apunte contable o ingreso en cuenta bancaria de titularidad pública que justifique el destino dado a los 8.580,60 euros que suponen de diferencia .

Posteriormente, el 25 de mayo de 2007, siendo alcalde el acusado, se llevó a cabo un mitin electoral de la Agrupación Local del PSOE con un concierto de la mano de grupo musical al que el alcalde entregó un cheque de 6.960 euros a cargo de la cuenta municipal, mientras que la factura presentada iba dirigida a la Agrupación Local PSOE .

En este mismo modus operandi se mantivieron ambos acusados durante casi tres años de mandato.

Es decir, los acusados, recoge el escrito de la acusación pública «actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones» desde enero de 2007 hasta noviembre de 2009 autorizaron el libramiento, a cargo de la cuenta municipal de hasta 176 cheques bancarios sin consignar documentalmente el objeto , la justificación o el destinatario del pago, con el consecuente daño al Consistorio .

Por otro lado, los acusados pusieron en marcha una actividad que denominaban «voluntariado» para cubrir servicios en distintas áreas como biblioteca municipal , apoyo medioambiental, socorro, deportes o «actividades técnicas de apoyo a las actividades de utilidad pública » a través de resoluciones por las que se pagaron 69.650,25 euros injustificadamente .

Para más inri, el fiscal recoge en su escrtio que « no consta documentalmente que se prestaran esos servicios, y hay total ausencia de facturas , contratos o acreditación de trabajos prestados». Las órdenes de transferencias de este voluntariado fueron autorizadas por el tesorero de forma directa.

En esta causa, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas estimó el daño a Algallarín en 81.240,87 euros declarando responsables directos solidarios a los dos acusasdos . La Fiscalía acusa a ambos de un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos y solicita para ellos 9 años y 6 meses de inhabilitación absoluta y 5 años y medio de cárcel para cada un o.