La Audiencia de Córdoba absuelve a los acusados de fraude millonario del alcohol al no distinguir lo falso de lo real

El fallo, facilitado a ABC por el TSJA, recoge como fundamentos jurídicos que en las comunicaciones intervenidas a este grupo de emperesarios «se diluye la existencias de intensos vículos organizativos y la noción que la intervención de uno de ellos sea completamente ficticia, siempre y en todas las operaciones, por más que algunas efectivamente lo sean y en otras , sencillamente, realice uno de los acusados un pago por adelantado que pudiera desatascar la falta de liquidez del proveedor».

En conclusión, el tribunal considera que « esas operaciones fraudulentas se refieren a un corto espacio de tiempo , y por lógica a un número muy reducido de operaciones en relación del total, lo que nos impide hacer con la certeza precisa una inducción referida a periodos anteriores no cubiertos con tales informaciones».

La sentencia basa parte de la absolución de los acusados en que falta determinar la couota defraudada por la Mercantil por parte de las acusaciones.

La Sección Segunda de la Audiencia recueda para justificar esta absolución que «si es cierto que existe una ingente documental aportada a las actuaciones pero no se ha proporcionado información mínimamente estructurada, (...) con la exhaustividad necesaria para que este tribunal pueda determinar con precisión las cuotas defraudadas en cada ejercicio fiscal ; en lugar de limitarse a señalar tres operaciones por ejercicio y remitirse, sin más, al resto de las cientos que pudieran tener trascendencia en la causa».

La Fiscalía de Córdoba en su escrito de acusación provisional recogía que el caso se originó a raíz de una investigación de depósitos fiscales que procedía de Barcelona a través de la entrada de mercancía que va a destinatarios finales pero el IVA no se ingresa en la Hacienda Pública pero sí se lo deducen los clientes finales.

Esta investigación descubrió que la trama criminal tenía dos ramales en la provincia: uno en Andalucía, y otro en la zona de Levante. El de la zona sur de la península, el que ocupa ahora a la Audiencia se remitió por parte de los investigadores a Córdoba al estar algunas de estas sociedades radicadas en esta provincia .

La investigación judicial logró a través de intervenciones telefónicas descubrir que este grupo de cinco personas tenían una serie de sociedades interpuestas que simulaban, de un lado la adquisición de mercancía de proveedores intracomunitarios -fundamentalmente de Portugal y Reino Unido - que entra en el depósito en esas sociedades interpuestas que simulan operaciones de venta de la mercancía a otras empresas interpuestas que a su vez venden el alcohol a l destinatario final.

El fraude consistía, según han explicado a ABC fuentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía de Córdoba, en que las empresas interpuestas repercutían el IVA pero no lo ingresaban acompañado de facturas y albaranes falsos .

A este efecto, las operaciones interpuestas, a través de «truchas y pantallas, eran utilizadas para separar las operaciones reales con destinatario último, por lo que conseguían abaratar el precio de la mercancía y de ese modo obtener grandes beneficios ».

La Fiscalía recogía en su escrito de conclusiones provisionales que estos cinco acusados, y cinco empresas defraudaron en torno a 1,1 millón de euros en el ejercicio 2011 ; 688.205 euros en 2012; y más de 2 millones de euros en 2013. Estas cifras presuntamente defraudadas a Hacienda suman unos 3,8 millones de euros .

El Ministerio Publico solicitaba para los cinco acusados penas que van de los 3 años de prisión como mínimo a 6 de cárcel para cada uno de los acusados por esos delitos de fraude fiscal y falsificación; mientras que por las cantidades defraudadas al fisco, solicitan multas que van del tripo al séxtuplo de lo defraudado.

En cualquier caso la sentencia recoge que se mantengan las medidas cautelares impuestas a los acusados y las mercantiles hasta que el fallo sea firme.