Asaja Córdoba confía en que la negociación de la nueva PAC arranque a mediados de 2020

Una de las consecuencias de esa demora es que con total seguridad las cuentas de la UE para ese periodo no podrán aplicarse hasta 2023, un hecho que, en principio, ha sido bien recibido por las organizaciones agrarias puesto que deja sin efecto el recorte de hasta el 13 por ciento de las ayudas a los agricultores y ganaderos que se planteaba en el borrador de presupuestos que se presentó en mayo de 2018.

El director del Área Agropecuaria y Forestal de Asaja en Córdoba, Eduardo Eraso , aseguró a ABC que «los productores no vamos a saber con qué PAC nos vamos a encontrar hasta el segundo semestre del año que viene cuando se presente un nuevo borrador de las cuentas de la UE y empiecen las negociaciones entre los países». «Actualmente hay en vigor un reglamento transitorio que amplía los apoyos financieros al campo existentes hasta el momento, una realidad que continuará en 2020 y, casi con total seguridad, en 2021, ya que creemos que la nueva PAC no será efectiva hasta 2022 ó 2023», resaltó el dirigente agrario, quien añadió que la finalización de su vigencia se mantiene en 2027 .

La preocupación del campo cordobés en torno a este asunto es máxima. Según los datos que maneja Asaja, para unos 44.000 productores de la provincia llegan cada año entre 300 y 320 millones de euros (en España son unos 5.000 millones ), lo que, según distintos informes, supone en torno al 30 por ciento de su renta. «Si no fuera por la actividad agraria, muchos terrenos estarían abandonados y baldíos, algo que sería un perjuicio para el medio ambiente», subrayó Eraso.

El representante de la patronal agraria señaló que en el club comunitario hay tres organismos que deben ponerse de acuerdo para dar salida al presupuesto y, con ello, a la Política Agraria Común. Por un lado está la CE, que es la encargada de presentar un borrador. Su propuesta es que cada estado aporte un 1,14 por ciento de los ingresos nacionales brutos de la UE, de modo que, según ya adelantó este periódico, esto conllevaría una reducción de los pagos a los agricultores y ganaderos a partir de las 60.000 euros y un tope obligatorio para los abonos superiores a 100.000 euros por explotación (en Córdoba se calcula que hay unas 400 ).

Este documento debe ser posteriormente aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo , formado por los jefes de estado y de gobierno. En este último es donde se encuentran las mayores diferencias. Un grupo de países formado por Holanda, Dinamarca y Alemania defienden que esa aportación al presupuesto se reduzca al 1 por ciento, mientras que otros 17 estados , entre los que se encuentra España, abogan por subir esta cifra al 1,3 por ciento para compensar la marcha del Reino Unido de la UE.

El presidente provincial de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa , afirmó que la prioridad en la negociación de la PAC sigue siendo el presupuesto y confía en que «el nuevo marco tenga la misma dotación económica que en el actual, con una apuesta inflexible por mantener el peso de las ayudas directas como principal apoyo».

A su juicio, «la política agraria común debería ser una adaptación del sistema vigente más que una reforma en profundidad , además de contar con un presupuesto suficiente y con un modelo empresarial para el sector q ue garantice la seguridad de rentas con los pagos directos y con instrumentos de gestión de riesgos·. Asimismo, «serían necesarias normas de competencia que no den la espalda al sector con medidas que refuercen a los productores en la cadena de valor agroalimentaria , incluyendo una reducción de la burocracia y reconociendo la labor de agricultores y ganaderos en favor de la lucha contra el cambio climático», destacó Fernández de Mesa.

Covap es el mayor perceptor de ayudas agrarias europeas en Córdoba con unos ingresos por este concepto que en 2028 fueron de 1,2 millones de euros . Su presidente, Ricardo Delgado Vizcaíno , demandó hace unos días que la dehesa pase a ser considerada como cultivo permanente al igual que ocurre con el olivar. Así se reconocería los beneficios de estos terrenos por la sostenibilidad y, de este modo, los ganaderos de la zona recibirían más apoyo financiero de la UE.