Aplazan el macrojuicio por fraude a la Seguridad Social en Córdoba con 63 conformidades de 86 acusados

El tribunal, a petición del representante del Ministerio Fiscal, Juan Antonio Merlos, ha dictado una orden de búsqueda y captura de siete de los acusados que no han comparecido a la vista -una de ellas estando ya citada y el resto al no haber sido localizado para su citación-.

Este juicio, en el que sólo había sentado un acusado en sala , llega este lunes con 63 conformidades, unas cuantas más previas a iniciar la vista que finalmente ha sido suspendida, después de que la Fiscalía, Abogacía del Estado y defensas hayan logrado llegar a acuerdos previos de un total de 86 acusados.

El juicio ha quedado señalado para el 26 de septiembre de 2022 , según han citado en la sala tras el aplazamiento. La finalidad de la suspensión, según el fiscal, a la que se han adherido las partes, es de un lado lograr el máximo número de conforimidades posibles y localizar a los prófugos.

La calificación provisional -elaborada por la Fiscalía de Córdoba que ha ido modificándose a medida que se han alcanzado acuerdos entre las partes- solicitaba para esos acusados por fraude un total de 81 años de prisión y la devolución de una gran cantidad de dinero en ayudas en el primer gran juicio por presunto fraude organizado a la Seguridad Social en Córdoba.

El fiscal del caso, Juan Antonio Merlos, básicamente, resumía la acusación en que la trama se dedicaba a la adquisición de derechos sociales falsos con el objetivo de acceder a las ayudas que arbitra el estado del bienestar.

Más de la mitad de los procesados de esta trama millonaria dedicada a estafar tanto a la Seguridad Social como al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en Córdob a, al menos entre 2010 y el final de 2011, incluido el cabecilla de la trama R.E. -un conocido asesor fiscal de Córdoba- ha alcanzado acuerdos previos a juicio.

El documento del que partía la Fiscalía establecía distintos niveles de responsabilidad de la trama que se dedicaba, presuntamente, a la creación de empresas ficticias sin actividad real de forma que terceros pagaban por aparecer como contratados en ellas y tener derecho a subsidios.

En el primer nivel se encuentra el cabecilla de la trama -que responde a las iniciales de R. E. G.- y al que la Fiscalía pedía seis años de prisión más distintas multas y penas accesorias por organizar el entramado de empresas.

Este cabecilla de la trama después de estar en búsqueda y captura fue detenido a su entrada a España por el Aeropuerto de Barajas en 2019 ha aceptado 3 años de cárcel y el pago de una multa de 108.656 euros e inhabilitación como asesor fiscal , según consta en el acuerdo con la Fiscalía, Abogacía y su defensa al que ha tenido acceso ABC.

En segunda instancia, se encuentran los siete administradores de las empresas ficticias a los que se le piden tres años de prisión a cada uno por ser los responsables legales de estas sociedades mercantiles.

En última instancia, se encuentran los beneficiarios. Los 36 que pasaron más tiempo «contratados» por las distintas empresas , el fiscal les pide una pena de un año y dos meses de prisión cada uno.

Algunos de ellos han alegado, en la fase previa de acuerdos, que desconocían que sus nombres figuraran en esta empresa, un extremo que tendrá que dilucidarse en el jucio.

Para el resto, 38 personas, el Ministerio Público reclamaba cuatro meses y quince días de prisión con penas accesorias como la devolución de los subsidios obtenidos más las multas correspondientes.

La suma total de esa petición de penas, pendiente de ser ajustada en la calificación final, superaba los 81 años de cárcel aunque hay que recordar que toda pena que no supera los dos años de prisión -siempre que no existen antecedentes penales- no implica el ingreso en un centro penitenciario.