El andalucismo raro

En la política del sur, el andalucismo es una pose y un recurso más que una idea vertebradora. El concepto de un paraiso perdido que fue interrumpido por hordas castellanas puede quedar bien en un relato de ficción pero casa regular en un mundo donde se tarda menos en cruzar Andalucía en coche que llegar volando a cualquier ciudad europea . La realidad de que esta es una tierra dependiente de recursos financieros ajenos, de consumidores de otras tierras y de las políticas europeas de convergencia. Cómo no se va a entender la querencia por lo propio, el amor a unos valores compartidos. Convertir eso en una doctrina política que sea capaz de arrastrar a mayorías es harina de otro costal.

La cuestión es que entendía uno, en sus cortas miras, que si la izquierda ha establecido —en diversos grados, correcto— una tesis de federalidad del Estado eso ha de basarse en un reparto de competencias claro, nítido. En el respeto mutuo de las partes establecido en los respectivos estatutos de autonomía que se aprueban con rango de ley orgánica en las cámaras. Una recentralización de competencias debería contar con ese andalucismo renovado como un fabuloso adversario.

La política del patrimonio nunca importó realmente. Salvo en sus aspectos puramente simbólicos, que se vuelven capitales a la hora de la verdad. Dos andaluces, Soledad Becerril y Alfonso Guerra , fueron tremendos activistas a principios de los ochenta contra la transferencia al nuevo poder andaluz de los grandes centros culturales y monumentales responsabilidad del Estado .

En el caso del presidente Escuredo, el quilombo estuvo la propiedad de la Alhambra —en ese momento, alucinen, la Mezquita de Córdoba no le importaba mucho a nadie— que la recién creada Junta de Andalucía reclamaba para sí y de la que el Estado no quería desprenderse. Se llegó, como es conocido, a una especie de pacto de conveniencia estableciendo el Patronato de la Alhambra y el Generalife como ente autonómico y dejando los detalles de la titularidad al albur de los registradores de la propiedad. 

El actual Gobierno ha lanzado a éstas un anteproyecto de ley de Patrimonio Histórico tremendamente invasivo con el Estatuto de Autonomía . No hay forma de que ambos textos legales puedan formar parte de un mismo corpus institucional sin que aparezcan los problemas, sin que intervenga el Constitucional. Las competencias exclusivas o se ejercen en solitario o no son exclusivas. Si volvemos a mandar la carpeta a Madrid con dos sellos y una póliza, acabáramos. El día que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se lo tenga que explicar a una serie de partidos nacionalistas, de los que dependen las votaciones en las Cortes , las caras van a ser para verlas. Pues adivinen a quién le ha parecido estupendo el texto del Ministerio de Cultura o, al menos, no ha dicho ni pío sobre el tema.