La alcaldesa de Palma del Río, investigada por un delito de prevaricación administrativa

El Ayuntamiento palmeño concedió a la empresa Plenoil S.L . el 17 de septiembre de 2019 licencia de obras para una unidad de suministro de combustible y autolavado de vehículos. En el momento que arrancaron las obras, los vecinos de la zona se organizaron para exigir la paralización del proyecto al entender que suponía un peligro para su seguridad y salud . En octubre de 2019, en el transcurso de una manifestación para exigir la suspensión de las obras, la regidora mostró sus dudas sobre la viabilidad del proyecto y se comprometió a revisarlo. Ese mismo mes, el 28, el Pleno del Ayuntamiento aprobó iniciar un expediente de revisión de oficio de la licencia concedida, lo que motivó la paralización de las obras.

La Secretaría General del Ayuntamiento de Palma del Río, en un informe sobre la procedencia de la declaración de nulidad de la licencia otorgada a Plenoil S.L., con fecha 10 de diciembre, verificó que «no se producen las infracciones procedimentales invocadas en el acuerdo» plenario y que motivó la paralización de las obras. El informe, con fecha de 10 de diciembre, sentenció que « no concurre el vicio de nulidad radical previsto» y que la suspensión de la licencia «resulta insuficientemente motivada».

El mismo informe dejó abierta una puerta para seguir adelante con la paralización de las obras, y fue la advertencia de que en la tramitación del expediente de calificación ambiental se recibió una comunicación de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias requiriendo a la empresa promotora la subsanación de deficiencias y de aportación de un estudio de eficacia de recuperación de vapores emitidos, y en un segundo requerimiento, la realización de una evaluación del riesgo para la salud de los residentes próximos al surtidor. La Secretaría indicó que al no haberse aportado, y ser la calificación ambiental un informe preceptivo y vinculante se podría dar lugar a la nulidad de la licencia de obras.

La alcaldesa, mediante decreto, formuló denuncia por el inicio de las obras sin la calificación ambiental y remitió a Fiscalía los expedientes administrativos relativos a la licencia. El pasado 10 de abril la fiscal delegada de la Sección de Medio Ambiente acordó «archivar las diligencias de investigación al no haberse acreditado que los hechos sean constitutivos de infracción penal».

Y meses atrás, el 11 de febrero, Salud emitió un informe favorable a la evaluación del impacto en la salud de las instalaciones de suministro de venta al por menor, por lo que dio la resolución de calificación ambiental como favorable .

El equipo de gobierno decidió seguir adelante con la suspensión de la licencia y en el pleno celebrado el pasado 25 de junio decidió elevar el expediente de revisión de oficio a l Consejo Consultivo de Andalucía para que determinarse la legalidad de la licencia al entender el equipo de gobierno del PSOE que se inició a falta de informes «esenciales». Se trata de un último cartucho ante la aprobación de la calificación ambiental y el archivo de la denuncia de la Fiscalía.