El ex alcalde de El Carpio Alfonso Benavides (PSOE) se enfrenta a 4 años de inhabilitación por prevaricación

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación provisional, al que ha tendio acceso ABC, que el 26 de marzo de 2009, la secretaria interventora del Ayuntamiento de El Carpio emitió un informe a petición del alcalde Alfonso Benavides en el que argumentaba jurídicamente que el acusado, « como alcalde no podía percibir indemnización ni retribución alguna por unos actos vandálicos ocurridos meses atrás el 28 de octubre de 2008».

No obstante, el entonces alcalde, y padre de la actual alcaldesa de El Carpio, a pesar del informe desfavorable, con fecha de 26 de agosto de 2010, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, el encartado sometió a debate en el Pleno esa propuesta consistente en la indemnización a cargo del Ayuntamiento de los gastos ocasionados por los daños causados por actos vandálicos y de delincuencia en bienes de miembros de la Corporación, de la Policía Local aprobándose finalmente una propuesta similar del Grupo Popular en el Consistorio con el voto a favor de sus dos concejales y también acusados M L. y T.M. a sabiendas del informe desfavorable de intervención.

En base a dicho acuerto, el 27 de septiembre de 2010 el entonces alcalde autorizó el pago de una indemnización de 2.400 euros por los daños ocasionados en la nave de su propiedad el 28 de octubre de 2008 a pesar no solo del informe desfavorable sino de la nota de reparo firmada por la secretaria-interventora en el propio documento contable ADO (Autorización Disposición Obligación) que se basaba en el contenido del mismo.

Con esa misma fecha, el Ayuntamiento de El Carpio transfirió el dinero a una cuenta del alcalde Benavides en concepto de «indemnización por daños».

La causa judicial lleva más de 11 años abierta. La primera vez que el Juzgado de Instrucción 1 de Montoro dictó auto de procedimiento abreviado sobre esta causa que se remonta a 2010 fue en enero de 2015 y sólo encausó al alcalde Benavides. Casi un año y medio más tarde, en 2016, la Fiscalía solicita la declaración como investigados de los dos concejales del Partido Popular M.L. y T.M. y a la ampliación del auto de procesamiento para incluirlos en la imputación. En este proceso largo, no fue hasta tres años más tarde, es decir marzo de 2019 cuando el juzgado toma declaración a estos dos concejales y se dicta un auto de ampliación.

La Fiscalía concluye en su escrito de acusación que los tres acusados son autores de un delito de prevaricación administrativa, y solicita para ellos cuatro años de ihabilitación para empleo o cargo público, con la circunstancia muy cualificada de dilaciones indebidadas dada que hace una década de los hechos.

Los hechos serán enjuiciados el próximo mes de mayo en Córdoba.