¿Ahora sí?

Baquerín desveló lo que todos sabíamos pero no era conveniente airear. Es decir, que el 86 por ciento de las asignaciones económicas con destino a los grupos municipales acababan en la tesorería de los partidos correspondientes. Esos fondos tienen como misión hacer frente a los gastos de funcionamiento de los concejales elegidos democráticamente para representar nuestros intereses en el Ayuntamiento. Eso dice la ley . En la práctica, los partidos hacen de su capa un sayo y si te he visto no me acuerdo.

Si usted pide mañana una subvención para montar un negocio o para rehabilitar la fachada de su vivienda, la administración lo va a crucificar a papeles y a facturas justificativas que demuestren que ha empleado el dinero para ese fin y no para otro distinto. Es lo razonable . Hablamos de fondos públicos que deben ser gestionados con todo rigor.

Pero los mecanismos de control que valen para usted y para nosotros no computan para quienes los legislan. El dinero que llegaba a las cuentas de los grupos municipales se usaba con frecuencia para pagar sobresueldos, gastos impropios o simplemente iba a parar a la contabilidad del partido que, como todo el mundo sabe, es una empresa privada y ya dispone de un sistema de financiación reglado. Nadie pedía facturas de nada. Ni justificantes ni albaranes ni documentos acreditativos ni leche picón . Muchos asesores municipales figuraban como asesores municipales pero, en realidad, asesoraban al partido con fondos municipales. Que no es exactamente lo mismo. Ni siquiera se tomaban la molestia de pisar Capitulares. En cualquier otro contexto que usted pueda imaginar, esa desfachatez encaja en uno o varios supuestos penales. Aquí ya lo ven.

No hablamos de una cuantía menor . En un solo año, entre junio de 2011 y noviembre de 2012, las arcas municipales inyectaron 397.817 euros en los grupos políticos para gastos de funcionamiento. Y el 86 por ciento del montante, ya lo hemos dicho, se empleó para un fin distinto al previsto. El señor Rafael Gómez, por ejemplo, retiró más de 70.000 euros por ventanilla sin aportar factura justificativa alguna. Llegó, firmó y se metió la pasta en el bolsillo. Amparado en un mecanismo opaco perfectamente diseñado para ser opaco. Desde ese punto de vista, el reglamento cumple escrupulosamente su función. O sea. Baquerín dejó al descubierto las vísceras del tinglado porque era un «outsider» y sabía que su trayectoria política tenía fecha de caducidad. De lo contrario, hubiera guardado el debido silencio. Uno de los responsables públicos de entonces prometió un «sistema reglado de gastos» y «ajustado a derecho». Era otoño de 2012 y el concejal díscolo había removido los cimientos de un sistema de impunidad.

Han pasado cuatro años y antes de ayer leímos que el Ayuntamiento va a endurecer el mecanismo de asignaciones económicas a los grupos políticos para evitar el desvío masivo de fondos a no se sabe dónde. Es diciembre, las mañanas se levantan frías y los Reyes Magos se acercan a Capitulares con sus hermosos cuentecitos de Navidad y tiernas modificaciones del reglamento. Alabados sean.