El 96% de los ayuntamientos pide ayudas al nuevo plan AIRE en la provincia de Córdoba

Tras su aprobación el pasado 15 de julio por el Parlamento andaluz con votos favorables de PP, Cs y Vox, unos 1.500 habitantes de la provincia de Córdoba se podrán beneficiar de los más de 13 millones de euros que la Junta pondrá a disposición de los ayuntamientos .

Los proyectos que se desarrollen estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por Covid-19 en cada término municipal, y según el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Ángel Herrador, «los ayuntamientos han sabido compatibilizar en sus propuestas las prioridades y el interés general del pueblo con las de los perfiles profesionales más frecuentes entre su población desempleada».

Herrador ha explicado, además, que los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada, y se les exceptuará del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así como del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. «Con ello hemos querido garantizar la participación de todos los ayuntamientos y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posibles», afirma.

Según el responsable territorial el programa ha sido más sencillo de solicitar y tendrá unos plazos de resolución más breves dada la urgencia que impone la situación actual, por lo que confía en que «para finales de septiembre puedan iniciarse las primeras contrataciones».

La principal novedad del proyecto será que priorizará a unos colectivos laborales frente a otros. Es lo que dice Herrador, quien añade que «tendrán preferencia a la hora de las contrataciones trabajadores provenientes de sectores como hostelería, alojamientos, viajes, turismo o actividades deportivas y de ocio». Además, también se aumentarán las cuantías de los contratos por categorías.

En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén especialmente afectados por la crisis sanitaria. Para determinar esta preferencia, se dará prioridad a aquellos desocupados que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron un contrato con carácter temporal en el periodo establecido desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las actividades de servicios de alojamiento; servicios de comidas y bebidas; actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.

También se han establecido como prioritarias aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo. A continuación, desempleados residentes en el municipio de referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores. Además, tendrán también preferencia aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo.

Las contrataciones que se produzcan mediante AIRE acarrerán un contrato de 6 meses en los que el empleado cobrará entre 11.700 euros y 8.800 euros dependiendo de su categoría. La Junta ha destinado un total de 165 millones de euros en toda la comunidad con la previsión de crear 19.000 puestos de trabajo y tener especial incidencia en municipios del interior.