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Los seis acusados de vender a una menor rumana y agredirla sexualmente reconocen los hechos en el juicio

La Fiscalía ha adaptado su escrito de calificación a la nueva ley del 'Sólo si es sí' y ha introducido modificaciones técnicas para encuadrar el delito de matrimonio forzado y el de trata de personas

Seis acusados de la venta de una niña de 12 años en un matrimonio forzado se enfrentan a elevadas penas de cárcel

Un abogado junto a la Ciudad de la Justicia este miércoles en Córdoba álvaro carmona

Los seis acusados en el caso de la menor rumana de 12 años vendida en 2021 por su madre y la pareja de ésta a un matrimonio gallego para saldar una deuda han reconocido los hechos este miércoles ante el tribunal de ... la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Durante la vista celebrada a puerta cerrada por expresa decisión del tribunal los seis acusados, entre los que se encontraban la madre de la niña de 12 años, su pareja sentimental, dos intermediarios y los padres del menor con el que la obligaron a casarse por un rito en Galicia y mantener relaciones han reconocido los hechos de los que venían acusados por la Fiscalía.

En el transcurso del juicio -que iba a durar varias jornadas- las partes han renunciado a la práctica de pruebas periciales a tenor del reconocimiento de los hechos por parte de los acusados y la Fiscalía ha modificado su calificación inicial, adaptándola, entre otras cuestiones técnico-jurídicas a la Ley del 'Sí solo sí' porque varios de ellos venían acusados de un delito de agresión sexual con elevadas penas de prisión.

Según fuentes judiciales, la acusación ejercida por el Minsterio Público se ha mantenido sobre todos los encartados aunque el tipo penal del que venían acusados en este caso de matrimonio forzado con implicaciones civiles no podía serles aplicado ya que el matrimonio al que fue obligada la menor fue a través de un rito, con un ceremonial que conllevaba agresión sexual a la niña de la que hay varios acusados por su participación en estos deplorables hechos.

Por tanto, el relato de los hechos descritos por el fiscal se mantiene y sólo ha adaptado el delito de agresión sexual al nuevo Código Penal -con los límites más bajos en sus penas, y continuar acusando a los seis procesados por el delito de trata de personas para fines de sumisión.

Hay que recordar que este caso de la menor rumana de 12 años vendida por su madre y la pareja de ésta en Córdoba en un matrimonio forzado para saldar una deuda y retenida por sus 'compradores' en La Coruña —donde fue liberada por la Policía — obligó a las autoridades judiciales a coordinarse y la menor acabó en un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía.

La Fiscalía recoge en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso ABC, que la menor, que contaba con tan sólo 12 años de edad vivía en Córdoba con su madre, actual acusada y la pareja sentimental de esta, también acusado en esta causa. En la primavera de 2021, la madre de la menor y su pareja tenían contraída una importante deuda con los acusados que con insistencia venían reclamándoles.

Como la madre de la menor y su pareja, ahora acusados, no contaban con esa cantidad, puestos de común acuerdo, decidieron que la menor fuera casada por su rito con otro menor, sobrino de la acusada.

La fiscal en su escrito recoge que la madre del menor aceptó el acuerdo de modo que le pagaría a los acusados esa cantidad que los padres de la niña adeudaban para que, a su vez, éstos se la entregaran a sus acreedores y a cambio, una vez celebrado el enlace, a la menor se le imponía este matrimonio forzoso. Posteriormente sucedieron otros hechos, según la Fiscalía, que pudieron afectar a la liberad sexual de la menor y que también han sido objeto de esta acusación por parte de la Fiscalía de Córdoba.

El escrito del fiscal recogía que finalmente, agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba practicaron un registro en la vivienda donde se suponía que estaba la menor en Galicia, y la localizaron con éxito.

Por estos hechos, a todos los acusados, la Fiscalía solicitaba elevadas penas de prisión que en algunos casos superaba los 20 años de cárcel. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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