El sector de la Base Logística de Córdoba precisará de 20 millones de dinero privado

De los 1,9 millones de metros cuadrados, el principal propietario es la familia Martínez-Sagrera que cuenta con 1,1 millones de metros cuadrados de superficie, algo menos de un sesenta por ciento del total. Varias sociedades mercantiles y comunidades de bienes relacionadas con la familia López Crespo tienen títulos de propiedad sobre unos 678.000 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Córdoba tiene un pellizco de 75.000 metros cuadrados gracias a la cesión obligatoria del diez por ciento de los suelos y porque se adjudicó en subasta los suelos de Azahara Textil cuando su propietario, un subastero, dejó de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. La empresa Cargill, una multinacional, tiene unos 14.000 metros cuadrados en total.

Los suelos de la famillia Martínez-Sagrera aparecen en la documentación bajo el manto del convenio firmado hace años con la Junta y la Gerencia para propiciar el desarrollo del sector. Ese acuerdo es simple de explicar. Por cada cien metros cuadrados de suelo que la familia entrega al acuerdo, recibirá 15 metros cuadrados de parcela neta libre de cargas. AVRA, una agencia de la Junta, correrá con los gastos derivados de la inversión quedándose, a su vez, con una parte del suelo neto que resulte de esa bolsa. Algo más de un tercio del polígono logístico será propiedad de la Junta una vez que acaben las obras de urbanización y se entregue el solar de 85 hectáreas a la Junta.

El caso de la familia López-Crespo es distinto. Las mercantiles de esta parte de la propiedad decidieron, con carácter previo a que se llevase a cabo la elección de Córdoba como sede de la Base Logística, que el acuerdo que habían firmado con la Junta no avanzaba ni hacia delante ni hacia atrás. Reclamaron judicialmente que se les devolviesen sus tierras con el objetivo de llevar a cabo sus actividades que son fundamentalmente agrarias. Dado que el acuerdo se firmó en 2005, el juzgado ordenó la devolución de las fincas a sus propietarios originales que se reservaron el derecho de explotación agropecuaria mientras el proyecto se ponía en marcha o no. Luego llegó la Base Logística y las cosas se revolucionaron. Pero la decisión judicial ya se había tomado.

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Tanto en el caso de los terrenos de esta familia como en el de Cargill, la Junta no responde de inversión alguna como sí hará en el caso de la familia Martínez Sagrera, que mantuvo el convenio. En números gruesos, la parte puramente pública debería ascender a unos 35 millones de euros más impuestos. La Junta ha provisionado ya unos 38 millones en varias anualidades dado que va a financiar también proyectos concretos relacionados con la Base Militar hasta tanto se llegue a los cien millones de euros que se han comprometido. El Ayuntamiento de Córdoba también ha realizado una provisión de fondos.

La parte privada debería rondar los veinte millones de euros, fundamentalmente de la familia López-Crespo (y de las empresas del sector con la que eventualmente se pudieran asociar). Del polígono resultante, esta parte de la propiedad tendría en torno a un 30 por ciento del sector. Tendría más parcelas para vender que el resto de propietarios pero a costa de una fuerte inversión a su costa.

El Ayuntamiento no tendrá suelo en La Rinconada porque toda su bolsa se entregará -junto con una pequeña parte de los aprovechamientos de la Junta- al Ministerio de Defensa para completar una parcela de 850.000 metros cuadrados donde se levantará la Base. La Junta podrá vender libremente la mayor parte de los aprovechamientos que consiga. La propiedad de Limagrain (antigua sede de la Procter and Gamble) queda fuera del reparto de inversiones ya que se considera suelo urbano, La gran finca que ocupa (del tamaño de una manzana) es propiedad de la familia Martínez-Sagrera.