El secretario de Estado de Interior defiende la legalidad del contrato de mascarillas del 'caso Koldo'

Pérez, en el acto de presentación de la construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional este lunes en Córdoba , ha señalado que «todos y cada uno de los contratos durante la pandemia y después de la pandemia que se han tramitado en el Ministerio del Interior se han hecho de acuerdo a la legalidad».

Además, el número dos de Interior ha recordado que el contrato objeto de investigación judicial y el resto «incluyen una doble fiscalización por parte de la Intervención General del Estado y su entrega al Tribunal de Cuentas», y que «ni uno ni otro realizaron manifestaciones respecto a que hubiera ningún tipo de problema con los mismos».

El secretario de Estado de Seguridad se ha negado a dar detalles de si al final de la semana pasada fue llamado a declarar como testigo y qué testificó por este contrato del Ministerio del Interior con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. «Como juez de profesión soy extremadamente escrupuloso a la hora de respetar los procedimientos judiciales, todas las actuaciones son secretas y por ello no me puedo pronunciar sobre diligencias que se hayan podido practicar a nivel policial o judicial», ha reiterado Pérez en dos ocasiones para regatear una explicación sobre su declaración.

Rafael Pérez, al menos, ha dado su apoyo a que «la portavoz del PSOE ha sido contundente en sus declaraciones y no puedo sino mostrar mi acuerdo» con la decisión de solicitar el acta de diputado del Congreso al exministro Ábalos por su estrecha vinculación con el cerebro de la trama de mordidas que investiga la Audiencia Nacional.