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Caso Rocket: Un jefe de servicio municipal niega que certificara trabajos del Miner no realizados
La tercera jornada del juicio por el caso Rocket concluye con los testigos de la defensa y el tribunal ha emplazado a presentar informes el 9 de octubre
Caso Rocket: La exalcaldesa de Peñarroya y la Guardia Civil discrepan de la justificación del total de las obras del Miner
Córdoba
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Iniciar sesiónLos testigos aportados por la defensa en la primera pieza del caso Rocket que mantiene sentada en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Luisa Ruiz, han negado en esta tercera jornada del juicio que apreciaran cualquier irregularidad ... en la certificación de las obras al Consistorio por la urbanización del polígono Vega Curillo ante el tribunal de la sección Tercera de la Audiencia.
El que fuera entre 2008 y 2010 jefe de servicio de la empresa municipal que ejecutaba las obras en esta zona industrial ha declarado que esta entidad se encargó con personal propio del Consistorio de los trabajos del trazado de la tubería del abastecimiento que atravesaba el casco urbano y que aprovecharon en ese traslado hasta el nuevo polígono del Currillo para dejar preparadas futuras conexiones a la red del servicio de abastecimiento.
En cualquier caso, este jefe de servicio ha señalado al tribunal que se trataba de un «trabajo ocasional viendo los puntos estratégicos de la red», y todo entraba dentro del servicio de obras municipal» . «Nosotros lo hacíamos con nuestros medios propios», ha declarado durante la penúltima sesión del juicio.
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En cuanto a su relación con la exalcaldesa socialista, este testigo ha asegurado que su trato no solía ser con ella, sólo tenía conocimiento de que la acusada Ruiz era la presidenta de la presidencia de Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag), entidad pública receptora de los fondos Miner.
A preguntas del fiscal, este ex jefe de servicio municipal ha negado que él confeccionara o emitiera alguna factura al Ayuntamiento por esos servicios municipales y que sólo recordaba alguna reunión con la constructora encargada de las obras de urbanización del polígono para determinar por dónde iba a ir la red; así como de algún aviso si ese trazado iba a afectar la obra.
Estas declaraciones de los testigos propuestos por la defensa -que ha renunciado a otros- contratastan con las declaraciones de los diferentes cargos técnicos del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo y de los arquitectos que realizaron los trabajos de cambio de planeamiento del Antolín III y Vega Currillo que junto a varios empresarios, testigos solicitados por el Ministerio Fiscal, que prestaron declaración este pasado martes por estas supuestas irregularidades en la gestión de los Fondos Miner y fraude en el destino de las subvenciones concedidas.
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Los letrados de la defensa de la María Luisa Ruiz y del Ayuntamiento de Peñarroya llamaron a declarar como testigo a uno de los trabajadores de de la que era la empresa constructora Alfasur en el proyecto del polígono Vega Currillo quien ha delcarado que su labor era «ejecutar un vial para dar acceso al polígono y darle servicio de abstecimiento, canalizaciones y electricidad al mismo».
«Yo llevaba la ejecución de las obras. Las cerificaciones de las obras la hacía yo siempre sobre trabajos certificados y realizados. La certificación de obras de ese proyecto del polígono de Vega Currillo fue mía«, ha recordado este otro testigo a preguntas de la defensa.
En cuanto a si hubo que realizar trabajos de topografía este testigo ha afirmado que le «suena que durante la ejecución del abastecimiento había labores de topografía porque había muchas canalizaciones que cruzaban el trayecto de conducción hasta el polígono. Había que hacer control topográfico de todo el trazado de las tuberías».
Otro de los testigos que trabajaba entonces con la empresa Uparca, constructora de las obras del polígono, ha reconocido al tribunal este miercoles que él era «el encargado de firmar en nombre de la empresa adjudicataria» por un montante de 1,8 millones de euros, pero que la dirección de la obra la encargaba Alfasur» y él no realizaba las facturas.
La Fiscalía acusa a María Luisa Ruiz de varios delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad, malversación y tráfico de influencias. Así, el Ministerio Fiscal la cree «responsable de las irregularidades cometidas durante la gestión, tramitación y destino de una serie de subvenciones millonarias». Se enfrenta a 32 años de prisión y 55 de inhabilitación para elmpleo o cargo público sumando los distintos delitos que se le imputan en el juicio.
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