El PSOE pide que el Ayuntamiento pelee la propiedad de la Mezquita de Córdoba en los tribunales, lo que ya descartó una alcaldesa socialista

En este último campo, se trata de reabrir una vieja batalla en la que el PSOE, como IU o Podemos, ya fracasaron con anterioridad: la de lograr la titularidad pública del monumento. No pudieron abrir ni una fisura en los argumentos legales e históricos que sostienen que la Iglesia es propietaria de este bien Patimonio de la Humanidad.

Noticia Relacionada

La exalcaldesa socialista que aprobó el plan de protección que incluía el almacén en la Mezquita lo denuncia ahora

Baltasar López

Isabel Ambrosio asegura, además, que tras el incendio hay «una negligencia» pero el informe policial no ha concluido ni siquiera

Y los socialistas, además, se acaban enfrentando con su propio pasado cayendo derrotados ante sus contradicciones. Un ejemplo de ello es lo que acaba de suceder con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. En sus redes sociales, ha planteado que el alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, «podría recuperar [habría que matizar que sería lograr, porque no nunca han pertenido a una Administración] la propiedad de la Mezquita-Catedral como bien de dominio público».

La fórmula que plantea es la siguiente: «Podría registrarla como propiedad municipal y al estar inmatriculada [el documento pro el que se registra la propiedad de un bien] por la Iglesia, se resolvería en los tribunales de Justicia». «Yo lo haría sin duda», asegura.

El problema es que ese plan de ataque hace aguas. Porque así lo constató un cogobierno municipal de izquierdas, el que formaban PSOE e IU durante el mandato 2015/2019 y que tenía el apoyo externo de Ganemos -las siglas que aglutinaban al resto de la izquierda alternativa-. Pese a que era una cuestión nada relevante para la sociedad local, los socialistas, con la entonces alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la cabeza, se lanzaron a tratar de lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral.

Creó un comité de expertos que elaboró un informe para avalar sus tesis. Pero aquel equipo rector de Capitulares se acabó topando con la cruda realidad. La regidora encargó un análisis a la Asesoría Jurídica municipal de las posibilidades que tendría el Ayuntamiento de pelear en los tribunales por la propiedad pública del monumento.

El documento, firmado por la letrada jefe, Mercedes Mayo, dejaba claro al Consistorio que ni acudiera al campo de batalla legal. Claramente explicaba que lo único que conseguiría Capitulares es una condena en costas. O sea, que del dinero de todos los cordobeses hubiera que pagar la pelea en la Justicia.

El posicionamiento de la Asesoría Jurídica, plasmado en una treintena de páginas, era categórico. Ofrecía varias razones para rechazar que el Consistorio litigara por la Mezquita-Catedral. El primero era que el Consistorio no tiene legitimación procesal para ir a los tribunales para anular la inmatriculación hecha por el Cabildo, entidad responsable del histórico inmueble, en el año 2006. Porque, alegó este órgano municipal, la Ley de Enjuiciamiento Civil considera que solo podrá instar la rectificación de un asiento registral quien defienda que un bien es suyo. Es decir, si el Ayuntamiento quisiese entablar un litigio sobre la propiedad de la Mezquita tendría que ser porque dispone de poderosas razones, suficientes como para poner a su nombre el monumento. Cosa que no sucedía.

El informe se apoyó en una relación de documentos por los que no es posible determinar una relación de propiedad por parte de la institución municipal a lo largo de su historia. El documento firmado por la letrada municipal se remite a tiempos mucho más recientes para establecer, entre otros, dos hitos documentales. El primero, el expediente de declaración de la Mezquita como Monumento Nacional Histórico-Artístico de 1882 en el que figura con la denominación de «Iglesia Catedral de la ciudad». El segundo, el expediente de la declaración de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad de 1984, en cuya documentación administrativa figura como propietario el Obispado de Córdoba en su dirección postal de la calle Torrijos.

Como segundo argumento, la Asesoría Jurídica planteó «la dificultad (si no imposibilidad) para que el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad tuviera acogida en el órgano judicial de instancia». Una cuestión de inconstitucionalidad es cuando un juez pregunta al Constitucional si una norma determinada se acoge a la Carta Magna. La Asesoría Jurídica exhibe varios casos en los que ha ocurrido esto. El problema vuelve a ser de legitimación. Si el Consistorio no es capaz de probar que es el dueño de la Mezquita, se antoja imposible que pudiera reclamar a un juez ordinario que intervenga sobre esta cuestión.

Como tercer motivo para rechazar un litigio, el departamento legal de Capitulares abordaba otra cuestión vital: «El hecho notorio de la posesión inmemorial de la Mezquita-Catedral de forma pacífica, pública e ininterrumpida en concepto de dueño de la misma». Es, según distintos expertos, el pilar indestructible sobre el que la Iglesia asienta la propiedad del bien Patrimonio de la Humanidad. El Cabildo, la institución más antigua de la ciudad de Córdoba, ha desarrollado los trabajos de atención, gestión y dirección del templo desde hace siglos sin que ello se ponga en cuestión a estas alturas por nadie. Hay que recordar que la Plataforma ciudadana, a cuyas tesis se ha sumado la izquierda, que reclama la propiedad pública tiene la tesis de que la Iglesia nunca recibió -como donación- el templo y que ha seguido siendo dominio público desde 1236 hasta nuestros días.

La entonces directora de la Asesoría Jurídica defendió en su día que la existencia de una donación o no tiene que dilucidarse por expertos en historia del Derecho, que no formaba parte de su ámbito de estudio esta materia concreta. El documento de apoyo de la Archivera municipal, Ana Verdú, explicó que no era normal realizar donaciones sino que se trataba del concepto llamado 'heredamiento de la Iglesia'. Sencillamente, los reyes entregaban las propiedades a la Iglesia y una dotación económica.

El informe legal, además, advertía que es muy complejo sostener la situación de «dominio público» para un hecho ocurrido en el siglo XIII: Fernando III se la entrega a la Iglesia tras la reconquista de la ciudad en 1236. Es decir, antes de la creación del Estado moderno.

La conclusión fue que el cogobierno de PSOE e IU guardó en un cajón la vía legal para pelear por la Mezquita-Catedral, y su ofensiva quedó en nada. Tampoco movió un dedo el Gobierno central para librar una batalla por el bien después de que publicara en febrero de 2021 una lista con 34.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en nuestro país.

Por el contrario, en ese momento, el Cabildo mostró su satisfacción por el hecho de que el citado informe «venga a reconocer que en todo momento hemos actuado conforme a la ley al inmatricular la Mezquita-Catedral».