En base a un informe jurídico que admite parte de los argumentos esgrimidos por la patronal Construcor, el Ayuntamiento sólo obligará ahora a los constructores a garantizar financieramente el coste de las conexiones interiores de cada sector con los edificios en cuestión -desde donde se deposita la basura por los vecinos- y la acometida a la red exterior, que supuestamente debía estar hecha, así como su conexión a la central de recogida. Lo que se llama un crédito de caución, un elemento que ha venido negociando estas semanas atrás el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, con los promotores.
El giro de Izquierda Unida
Y es que en junio de 2017, cuando la Gerencia de Urbanismo estaba en manos de Izquierda Unida, su titular, Pedro García, dictó una Instrucción por la que se obligaba a los promotores de sectores residenciales incluidos en este plan especial de residuos a ejecutar las conexiones internas y externas y toda la maquinaria y tecnología que marcaba el citado plan antes de obtener la licencia de ocupación de las viviendas que desarrollaban. Esta obligación puede llegar a suponer unos 250.000 euros por urbanización de las que se levantan en Poniente ahora mismo.
Lo curioso es que el circuito exterior y la central de recogida que le tocaba pagar al Ayuntamiento no está hecha, por lo que muchos sectores de nueva expansión han tenido que ejecutar esta telaraña de tubos y evacuación de residuos sin que se pueda conectar y funcionar como debe. Eso sí, a los compradores de esas viviendas se le ha ido repercutiendo el dinero que a los empresarios les iba costando de más la edificación.
Los técnicos municipales asumen también un argumento esgrimido desde Construcor para invalidar estas exigencias. No es otro que las diferentes Directivas de la UE en pro de obligar al tratamiento previo de los residuos -«requisito ineludible»- para no poner en riesgo la salud humana.
Tratamientos químicos o biológicos para reducir su impacto. Esta directriz desactiva el sentido propio del sistema de recogida neumática y, más, la colocación en zonas verdes de urbanizaciones de pequeñas centrales de recogida de basura, como se pretendía.
De momento, la Asesoría Jurídica sigue estudiando la conveniencia de acudir al Tribunal Supremo en recurso de casación, a expensas de la nota aclaratoria solicitada al Alto Tribunal andaluz sobre la aplicación total o parcial de la anulación del plan que adelantaba la sentencia del TSJA.
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