Los problemas de la VPO en Córdoba: suelo, costes, edificabilidad o financiación

La presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, llevó la voz cantante de las reivindicaciones. Volvió a poner en primer plano como un problema para la vivienda de VPO —y de renta libre— que «es necesario aumentar la edificabilidad» en Córdoba. A su juicio, «da igual construir seis plantas que diez», pero hacerlo con diez «reduce los costes» del promotor y del constructor y permite «un precio» más bajo para el consumidor.

Además, Jiménez añadió que «necesitamos más suelo, en menos tiempo, más barato y con menos impuestos». En este sentido, apuntó que el precio de una vivienda incluye «un 25 por ciento por el coste del suelo y otro 25 por ciento por los impuestos», por eso incidió en la necesidad de ampliar el terreno disponible.

Desde Jamsa, Álvaro Carrión apuntó con dos problemas más: las trabas arqueológicas y la financiación de los compradores. En el primer punto, ironizó con que «en el Reina Sofía han creado un planta para tratarnos de los problemas arqueológicos que nos encontramos en las promociones». A su juicio, la administración tiene que «dar seguridad de entrada y salida» ante un problema de este tipo.

También subrayó que los compradores no pueden asumir «la entrada» para una VPO, ya que los jóvenes no pueden ahorrar el 20 por ciento de lo que vale una vivienda. Por este motivo, añadió a la financiación como un problema de la vivienda protegida: «El comprador tiene que tener una línea de financiación del 100 por ciento de la vivienda y con un interés estable» durante todo el proceso del préstamo hipotecario.

Para Vimpyca, «el precio del solar en el Casco Histórico sigue siendo un disparate», a pesar de que hay terrenos que llevan «20 ó 30 años vacíos». Luis Sánchez cree que «el desarrollo del suelo tiene que ser mucho más rápido» y lamentó que «hay más demanda que oferta», pero puso el foco en el registro de demandantes: «No se actualiza y es más una traba que una ayuda; hasta las administraciones le están dando de lado».

Torrico aclaró que «el registro vamos a adaptarlo», pero también «hay una corriente a nivel andaluz en la FAMP para su modificación» de forma integral. El edil matizó que, de los más de seis mil demandantes, hay mayoría en alquiler sobre la venta.

Jiménez reiteró que «a un joven no le puedes encorsetar que se compre una vivienda de protección oficial y no pueda venderla en décadas», por lo que pidió «más flexibilidad para su venta posterior».