El PP exige al Gobierno dimisiones por el caso Koldo en su 'Declaración de Córdoba'

El texto, de cuatro páginas, se articula en torno a siete puntos en los que el PP deja claro que rechaza «con toda contundencia que el actual Gobierno central haya elegido vivir permanentemente extorsionado por el independentismo», así como muestra su rechazo frontal a la ley de amnistía, que es corrupción política, y nuestra voluntad de trabajar para frenarla ante todas las instancias posibles».

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En el documento, el Partido Popular exige al Gobierno dimisiones por el caso Koldo y critica el «ejercicio de autoritarismo» con la amnistía como un intento de «desactivar» al poder judicial e «incompatible» con un sistema democrático. El texto, firmado por Núñez Feijóo junto a los presidentes autonómicos de la formación reafirma su rechazo a «toda forma de corrupción» en «un momento especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra acorralado por una trama de corrupción».

En esa línea, el texto expresa su compromiso de seguir denunciando en las instituciones y en los tribunales «cualquier derivada de este desfalco en las arcas públicas, afecte a quien afecte», en tanto que han apuntado en dirección a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, además de a miembros del Gobierno.

Además, la 'Declaración de Córdoba' profundiza en el rechazo a que el Ejecutivo central «viva permanentemente extorsionado por el independentismo», razón por la que rechazan la ley de amnistía, a la que califican de «corrupción política», y remarca su voluntad para «frenarla ante todas las instancias posibles».

«Una norma que se cimenta en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos», expresado el manifiesto, a la par que constata que los partidos independentistas «nunca habían tenido tanta capacidad de influencia» en España.

Así, a la vista de que consideran que la democracia española atraviesa «uno de los momentos más graves de su historia» e inspirados bajo la idea de que «la igualdad no es una opción sino un derecho de todos los españoles», la declaración anuncia que las comunidades autónomas gobernadas por el PP activarán al «máximo» sus competencias «para preservar la igualdad y solidaridad que se están viendo menoscabadas».