Los planes de empleo social abren un agujero de 12 millones de euros al Ayuntamiento de Córdoba

La estimación ha sido realizada por la Dirección General de Personal del Ayuntamiento de Córdoba sobre la cifra de personas que trabajaron en la institución al amparo de esos planes, lo que cobraron de forma efectiva y lo que deberían de haber percibido como consecuencia de su integración, siquiera temporal, en la plantilla municipal.

La clave de todo el lío arranca con los planes Emplea, una iniciativa de la Junta para dar subvenciones a los ayuntamientos y organizaciones sociales con el objetivo de que generaran contratos de corto recorrido, seis meses a lo sumo, pero que daban la alternativa a personas jóvenes o parados de largo recorrido a tener una oportunidad laboral.

Los beneficiarios de los programas se integraban en la plantilla municipal temporalmente colaborando en actividades que realizan los operarios de la casa. Por ejemplo, ayudaban en Infraestructuras a pequeñas reparaciones o en Sadeco a tareas de limpieza. También se les dispuso en tareas administrativas que sí podían llevar a cabo como archivo o atención al público. Lo que no se hizo fue que cobraran la misma cantidad que un trabajador municipal, según convenio.

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El Ayuntamiento de Córdoba tomó la decisión en 2017 de que este tipo de planes de empleo se financiarían en su integridad con el dinero que llegase de la subvención autonómica. Que no habría más disposición de fondos municipales ni se completaría nada con recursos propios. El problema es que un trabajador con una categoría determinada en el convenio municipal tenía un salario bastante superior que su par que llegaba integrado en un plan social de empleo. Y muchas personas empezaron a denunciar. Este tipo de programas sociales tienen una cantidad fija concreta con la que se tiene que hacer frente a determinados costes. Solo en aquella edición participaron casi novecientas personas.

Cada Junta de Gobierno Local el Ayuntamiento de Córdoba asume un goteo de recursos en materia social que tienen que ver con personas que participaron en estos programas y han sido informados de sus derechos laborales. Y los informes legales de la institución municipal explican que la jurisprudencia ha ido siendo menos tolerante a que, bajo un mismo convenio colectivo, haya dos situaciones salariales diferentes.

Solamente en el Pleno de este jueves se van a autorizar 2,7 millones de euros para pagar las actas de la Inspección Laboral por esta materia. Pero los informes jurídicos y económicos explican que la situación va a ir a peor. Se autorizaron nuevos planes autonómicos de empleo social, como el ICL, en el que el Ayuntamiento siguió haciendo lo mismo. Intervención, por ejemplo, da el dato de que hay programas completos donde no se puede alegar la prescripción de plazos.

La cuestión es que los órganos financieros del Ayuntamiento están lanzando la advertencia de que, si se han pagado 2,7 millones de euros, quedan nueve millones de euros largos por pagar en el supuesto de que todas las personas con derecho a ello recurran. Y la cuestión es que existe el debate de cómo se va a pagar todo eso.

En el Pleno de este jueves, el gobierno municipal va a echar mano de la caja de los remanentes del pasado año porque, asegura, con los ocho millones de euros de recursos propios que se reservaron hay para pagar las obligaciones contraidas. Intervención, por ejemplo, está en desacuerdo. El Ayuntamiento de Córdoba nunca ha realizado la previsión de tener una partida para pagar estas cantidades. De hecho, se advierte expresamente que, antes o después, los recursos de una obligación tan relevante se tendrán que hacer mediante ajustes más o menos rigurosos del resto de partidas del presupuesto municipal.