Los allegados del cabo, representados por el abogado José Antonio Cumplido, van a pedir la inhibición del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, que lleva la causa, en favor del Togado Militar número 21 de Sevilla, una vez concluya las diligencias previas.
De este modo, las dos familias de las víctimas mortales estarán presentes en el proceso que se abra para tratar de dilucidar si se cometió, por parte de los mandos militares encargados de las maniobras, algún tipo de neglicencia.
El letrado que representa a la familia de Carlos León, pide imputar al capitán que estaba al frente de la instrucción el día de autos y, por añadidura, contra la línea de mando -hasta el general de brigada de Cerro Muriano- que pilotan las instalaciones militares. También se querellará contra el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.
El letrado se ha personado ante el juez togado militar de Sevilla que investiga la parte exclusivamente castrense del caso y ante la Inspección de Trabajo, dado que los soldados que participaron en la prueba eran profesionales. Por último, también lo ha hecho ante el Cuartel General del Ejército.
Varios colectivos militares, como la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) o la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), han solicitado al Ministerio de Defensa información «clara» y que «se depuren responsabilidades lo antes posible», en el caso de haberlas, algo que «parece más que probable», después de que el Ejército haya retirado rápidamente del mando al capitán de la compañía que realizaba la formación.
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