El modelo de tarjetas monedero para reparto de alimentos deja sin ejecutar en Córdoba el 35% del presupuesto

Hasta este 2024 el sistema para el reparto de alimentos era el que regía en gran parte del viejo continente, ya que se sostenía con fondos europeos. Era el Fondo Europeo de Ayuda para las Personas Desfavorecidas, conocido como FEAD. Con ese sistema, el Banco de Alimentos Medina Azahara recibía alimentos para las personas que la entidad había solicitado con el informe de un trabajador social en la mano, como explicó el vicepresidente de la institución, Juan José Cas.

Eso era una cantidad muy importante, que estaba en torno a las 800 toneladas de comida al año, lo que suponía un 33 % del trabajo de la entidad, que no entrega los productos directamente, sino que los reparte entre las instituciones (Cáritas, comedores sociales, casas de acogida) que a su vez los hacen llegar a sus beneficiarios. Es su forma de proceder.

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El sistema de reparto de comida es el que todavía tienen casi todos los países europeos, puntualizó Juan José Cas, que explicó cómo para este año 2024 el Gobierno decidió cambiar la forma de reparto por un sistema en que las familias beneficiarias recibirían una tarjeta-monedero recargable con la que podrían acudir a ciertos supermercados a adquirir la comida.

La explicación estaba, aseguró el vicepresidente del Banco de Alimentos Medina Azahara, en que se quería «dignificar» la atención a estas personas, y evitar al imagen de lo que se llamaba «las colas del hambre», es decir, de la fila de personas que acuden a una entidad asistencial a por comida, con lo que eso lleva de estigmatización y de problemas para quienes tienen que acudir. Se le dio un nuevo nombre, de forma que ahora se llama Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica, y se conoce con el nombre del Programa Básico.

Las condiciones del nuevo sistema ya hacían que entidades como el Banco de Alimentos advirtieran de que habría problemas, sobre todo porque establecían condiciones muy concretas para los beneficiarios: debían ser familias con hijos menores a su cargo, y eso excluía a las personas que no se encontraban en esta situación, que eran muchos.

Desde aquellos que han cumplido los 18 años y viven con sus padres a personas mayores, por ejemplo. Es decir, el rango de personas a las que se atiende tiene que ser necesariamente más pequeño, y eso se nota.

Tienen que recibir tarjetas que se recargan y con ellas acudir a comprarlo ellos mismos a los supermercados, como cualquier otro ciudadano, aunque la forma de pago y el origen sea diferente.

El Gobierno de España lo realizó mediante una subvención a Cruz Roja, que recibiría un dinero y que después tendría que ejecutarse entregando tarjetas monedero a las personas que llegasen derivadas por los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y de la Diputación Provincial, en el caso de los pueblos de menos de 20.000 habitantes de población. Las cifras muestran que cuando el programa está a punto de terminar para este año, un 35 por ciento del dinero que se recibió en Córdoba todavía no se ha ejecutado.

Cruz Roja dispone de 1.713.552,80 euros para gestionar las tarjetas monedero en Córdoba, pero lo hace cuando llegan casos derivados. El matiz es importante: las familias que reciben ayuda llegan después de que se haya ocupado del caso un trabajador sociales del Ayuntamiento de Córdoba, de alguno de los núcleos principales o de la Diputación Provincial.

Todo se hace a través de las distintas áreas de Servicios Sociales, y en total hasta allí han llegado 1.392 familias, para las que se ha comprometido una cantidad de 1.101.240 euros. Es decir, el resto, más de 612.000 euros, según confirmaron fuentes de Cruz Roja, todavía no se ha ejecutado y nadie se ha beneficiado de tarjetas con las que comprar alimentos y productos de primera necesidad. Es el 35 % de lo recibido.

«Ese dinero es el que se destina a tarjetas, es el presupuesto es para las derivaciones», manifestaron las mismas fuentes, que explicaron que son las familias que cumplen las condiciones según la estimación que hacen los Servicios Sociales de la Administración pública. En este caso, de las locales y las provinciales.

«No entramos a valorar, se comprueba que tenga documentación, que esté en regla, que entre dentro de los posibles beneficiarios. Ni la derivación ni el final de la ejecución presupuestaria depende de Cruz Roja», afirmaron. Es decir, no se puede ejecutar si antes no se deriva a las familias. No es la entidad asistencial quien decide, sino Servicios Sociales quien deriva.

Es más, el programa también establece la forma en que se repartirá según el número de personas que forman parte de la unidad familiar. Son 130 euros al mes para cuando hay dos personas, 160 para tres personas, 190 para cuatro personas y 220 para cinco personas o más.

Es, además, un sistema compatible con la recepción de otro tipo de ayudas públicas para quienes se encuentran en esta situación. Se hace mediante tarjetas que se pueden recargar en cada trimestre, pero de cuya gestión se tiene que encargar Cruz Roja, como entidad escogida por el Gobierno para llevar a cabo esta política de acceso a los alimentos.

No se trata sólo de dar dinero para alimentos o productos de primera necesidad, ya que las personas beneficiarias tienen derecho a medidas de acompañamiento enmarcadas dentro de un itinerario personalizado para su inclusión social.

Con el filtro puesto por el Gobierno no se ha llegado más que el 65 por ciento del presupuesto que se había previsto en Córdoba, pero eso no significa que no haya personas que necesitarían comida y no lo pueden tener.

Lo cuenta el vicepresidente del Banco de Alimentos Medina Azahara, Juan José Cas: «Lo que sí es verdad es que a nosotros nos están llegando muchas instituciones que nos dicen que hay familias con hijos menores de 16 años que tampoco le están dando tarjetas». A ellos se unen también personas mayores.

El que no lleguen los alimentos que antes llegaban no impide la tarea de la institución que tiene su sede central en las antiguas lonjas municipales. Sí un porcentaje alto, que era de un 33 por ciento. Ahora no se puede llegar a tanto, pero lo que se percibe de las entidades que reparten la comida entre las personas y las familias es de que son muchos quienes se están quedando fuera.

Es decir: baja lo que se recibe, pero no las necesidades que tienen quienes deben beneficiarse de la ayuda. «Hay muchas familias que no reciben nada, ni alimento de Europa, ni tarjeta monedero», se lamentó Juan José Cas.

Todo puede cambiar a partir del próximo año, ya que está previsto que pase a manos de las Administraciones autonómicas. En este caso, de la Junta de Andalucía, que canalizaría el dinero para que llegue a las instituciones que tienen que repartirlo en función de los criterios sociales con que se dirima qué familias cumplen los requisitos para tener acceso a las tarjetas monedero y cuáles no.