Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia de Córdoba: «Los jueces investigan porque creen que hay indicios; luego tendrán que probarse»

—¿Cuál va a ser su hoja de ruta al frente de la Audiencia Provincial?

—El primer paso es acercar la justicia a los ciudadanos, hacerla visible y cercana para que no la vean ajena, que sepan que el servicio se presta para ellos. Concienciar de que todos los que trabajamos en la Justicia lo hacemos para prestar un servicio público de atención al ciudadano. Y un deseo: que se nos dote de más medios personales y materiales para poder reducir la lista de espera y la pendencia de los tribunales y juzgados.

—¿Mejorará la Administración de Justicia con la implantación antes del 31 de diciembre de los Tribunales de Instancia?

—La entrada en vigor de la Ley de la Eficiencia en la Justicia 1/25 con los Tribunales de Instancia es una petición de la Judicatura desde hace más de 25 años a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es algo nuevo, tampoco la nueva Oficina Judicial: se han dado pasos desde 2003 en la que se intentó ya poner en marcha y hasta ahora, pese a algunos proyectos piloto, no cuajó. Y ahora sí que el Ministro de Justicia lo ha sacado adelante, aprobada por el Consejo de Ministros. Pero en realidad la Ley de los Tribunales de Instancia traerá pocos cambios, o cambios relativos. Quizá el ciudadano pueda conseguir una agilización de los pleitos en la Oficina Judicial porque se van a especializar, y en lugar de tener el Juzgado número 1 de Lucena, número 2 o número 3, habrá un servicio de tramitación procesal en el Tribunal de Instancia de Lucena, otro de ejecución, otro de señalamientos.

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Con lo cual quiero pensar que junto a los jueces con los letrados de la Administración de Justicia esto se va a agilizar. Pero echo en falta lo que reclama la Justicia de siempre: la comarcalización. Esto significa que los partidos judiciales han desaparecido para llamarse Tribunales de Instancia, pero son los mismos. Lo único es que se reestructura es la oficina y puede haber mayor agilidad, pero se hubiese conseguido un efecto óptimo si se hubiesen agrupado varios partidos en un tribunal de Instancia. Imagínese que el Partido Judicial de Montoro, Posadas o Montilla se comarcalizaran en el Tribunal de Instancia de Córdoba, sin acabar con esas oficinas en sus pueblos, respetándolas en cada partido, pero con el juez en Córdoba para ser más eficaz y eficiente, y la oficina judicial continúa. Eso no ha cambiado.

Los partidos judiciales son del siglo XIX y en la Democracia se ha pedido muchas veces la modificación de la Ley Electoral, pero no hay manera. Posiblemente sea un problema político. El Tribunal de Instancia de Aguilar no es lo mismo con una plaza de juez que el de Córdoba, que tiene 40. Si se incorpora Aguilar a Puente Genil o Lucena y se constituyera además con Cabra y Priego, ya hablamos de diez o doce jueces, y es más fácil sustituirlo en un momento por otro. Si falla el juez único de Aguilar, sería el 100 % de la plantilla, comarcalizadas no pasaría ese extremo, porque habría más.

—¿Qué ha encontrado al llegar al cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba?

—En la primera inspección que he hecho a un juzgado de pueblo me he encontrado una situación lamentable, con dilaciones indebidas que ni soñando podía imaginarlas —prefiere no nombrar el pueblo—. Quizá por la inestabilidad del personal: mientras más inestabilidad hay de jueces, letrados o funcionarios, más difícil es controlar la Oficina Judicial. Si hay un buen juez que provea y resuelva rápido, y un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que se preocupe del impulso procesal, aunque haya déficit de personal, no transcurre un año desde que se presenta el escrito de acusación hasta que se abre un auto de apertura de juicio oral. En menos de diez días está hecho si es la capital. Donde más problemas hay de inestabilidad es en los pueblos. Por ejemplo, no hay UVIC para la Violencia de Género y se retrasan los pleitos. No hay Sala Geiser, ahora la abren a otros partidos judiciales, como Peñarroya, pero la «fetén» está en Córdoba.

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—¿Cuál podría ser la solución? 

—Lo que se tendría que haber hecho es crear Tribunales de Instancia agrupando varios partidos judiciales para poder dotarlos mejor de medios y que no lleguemos a extremos como éste. Todos los años los decanos de todos los partidos judiciales de Córdoba emiten un informe que remiten al presidente de la Audiencia Provincial y éste lo lanza a la Sala de Gobierno del TSJA. Yo he sido miembro de esta Sala, y como juez decano en 2023 vi que hacía falta un Juzgado más de lo Penal y otro de Instrucción de Violencia de Género. Hace falta un bis en el Mercantil y un juzgado o un refuerzo en lo Social. Los Juzgados de Instrucción y Contencioso están bien, si no los tocamos. Hay que mantener lo que hay porque es necesario, y lo que hay que hacer es crear plazas. Quitarlos pone en riesgo el resto de jurisdicciones. No se puede desnudar a un santo para vestir a otro. Un ejemplo: el juzgado de Primera Instancia según el módulo que marca el CGPJ debería atender 1.200 asuntos, y presenta 2.400, más del cien por cien. Hay 12 juzgados de Primera Instancia, dos de Familia y uno de cláusulas suelo. Convertir un juzgado en uno de Primera Instancia no resuelve el problema: lo suyo es crear plazas nuevas.

El problema es crear uno nuevo en Penal de Violencia, aparte de uno en el Juzgado de Violencia de Instrucción, aparte del que se va a crear el 1 de enero. Porque Violencia no solo la han comarcalizado abarcando a Lucena, Cabra y Pozoblanco, sino que el 3 de octubre (este viernes) amplía sus competencias a todos los delitos de violencia sexual contra la libertad sexual cuando sea una mujer la víctima, al acoso sexual, al impago de pensiones, al quebrantamiento de condena en medida cautelar… Es un juzgado con mucho trabajo. Liberará algo a los de Instrucción generales, pero sobre Violencia es un gran peso. Aparte de la plaza de juez que se va a crear en la capital, haría falta al menos otra más para abordar estos cambios.

—Hablando de Violencia sobre la Mujer qué le parece los fallos que han dado las pulseras a las víctimas ¿Cree que hay que replantear su función?

—Yo creo que cumplen su función, pero los fallos que se han tenido hay que investigarlos y depurar responsabilidades. La Fiscalía debería abrir una investigación a fondo y buscar a los responsables, ya sean las compañías o técnicos responsables del mantenimiento de los dispositivos y que paguen por los errores que han cometido. En Andalucía parece que hubo problemas con pocas pulseras en un volumen muy amplio aunque ya un sólo fallo fuera un grave problema.

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—Volviendo a los módulos del CGPJ ¿Se puede hablar de colapso?

—Colapsados están los juzgados de Primera Instancia porque les entra un 100 % más de asuntos de los marcados por el CGPJ. Los jueces de Primera Instancia se merecen todos mis respetos porque resuelven en plazos muy razonables para la carga de trabajo. En lo Mercantil también se duplica el número de asuntos, con más de un 150 % sobre el módulo del CGPJ y con un solo juez que también es de alabar, porque saca los asuntos en un plazo razonable (cuando me refiero al juez es también a toda la Oficina Judicial). Los juzgados de lo Social no están colapsados, pero sí tienen que dar prioridad a unos procedimientos respecto a otros y eso retrasa la agenda. Les animo a que se esfuercen, y yo intentaré que lo antes posible se cree un nuevo juzgado. En Violencia de Género, de Instrucción trabajan hasta las 6 de la tarde. El Juzgado Penal de Violencia de Género, si no estuviera saturado, no tendría juez de refuerzo.

—¿Cuál sería el estado de la Justicia?

—En general, la Justicia de Córdoba no está colapsada gracias al empeño de los profesionales. La Administración de Justicia está por la labor de dotar de más medios, otra cosa es que pueda o no, porque el presupuesto es limitado. El fallo está en el presupuesto. Entiendo que haya que atender primero las necesidades primarias de las personas —familias que necesitan ayuda, sanidad, educación—, pero de vez en cuando que se acuerden de la Justicia. El año pasado no se creó ningún órgano; ahora sí, a finales de diciembre se dota de una plaza en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Si no se dotara, no es que se colapse: se paraliza.

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—¿Cómo funciona actualmente la Audiencia?

—La Audiencia de Córdoba, de momento, funciona bastante bien. El problema está en que la Sección Primera de lo Civil necesita una plaza de juez, van por encima del 130 ó140% de carga. Multiplicado por seis magistrados, es la que más necesita. Su labor es destacable: a pesar de que les falta un magistrado, resuelven con rapidez. En la Sección Tercera y Segunda vamos a tener problemas cuando empiecen a subir del Juzgado de Violencia de Género todos los delitos nuevos que asumen (agresiones sexuales, quebrantamientos de condena...). Ahora se reparten en las dos secciones los delitos sexuales; a partir de ahora, todos. Y eso son sumarios, no procedimientos abreviados. La ejecución de un sumario tiene mayor dificultad. Vamos a ver cómo se resiente con ese cambio de competencias y cómo comienzan a subir los pleitos. Será necesario reorganizar normas de reparto o un juez de refuerzo.

—La Ley del «sí solo sí» afectó a revisiones de condena. ¿Cómo lo valora?

-Los jueces llevamos las revisiones en el ADN: cada vez que hay un cambio de ley hay que adaptarlo. El CGPJ avisó de que conllevaría una reducción de condena para los condenados por delitos sexuales. Se entendió que no, aun así salió la ley, y luego se vio que el CGPJ tenía razón y se tuvo que modificar. Algo fallaba en esa ley. Fue deplorable que salieran depredadores sexuales, nadie se alegra de eso, pero sí que se diera marcha atrás y se modificara en 2023.

—¿Cree que hay ataques políticos o injerencias en las reformas legales a la independencia judicial?

—Para mí, el sistema más justo de ingreso en la Carrera Judicial es la oposición. Vengo de una familia humilde, con mucho sacrificio pagué mis estudios. En mi época daban becas las comunidades autónomas; en el País Vasco, por ejemplo, en los años 90 daban 40.000 pesetas para preparar a jueces. Es por tanto un sistema objetivo, pero mejorable: que se graben las sesiones de defensa de temas orales, que se valoren otros méritos dentro de un concurso. Pero la columna vertebral debe ser la oposición, porque es mérito y capacidad, sin perjuicio de la equidad con becas y formación.

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El ataque vendría cuando instrumentalizas a los opositores o los formas en la moral o espíritu que tú quieres. Pero si ayudas a los que tienen menos medios a preparar la oposición, no lo veo ataque. La duda está en la academia que se quiere sacar de opositores. Depende de cómo se haga: si con plena objetividad y profesorado elegido con criterios razonados, no hay ataque a la independencia. Porque cualquier preparador también podría estar instrumentalizando en su casa. Pero si se crea una escuela para adoctrinar, ahí sí. La huelga está justificada: lo que no quieren es que se instrumentalice a los opositores. El Gobierno tiene que garantizar que eso no pase.

—¿Qué opina de las investigaciones judiciales a familiares del presidente del Gobierno Pedro Sánchez o al mismo Fiscal General del Estado?

-Tengo que pensar que los jueces investigan porque creen que hay indicios. Luego se verá si los había o no cuando se celebren los juicios. Decir ahora que no hay indicios es decir que un juez prevarica. Una cosa es que el juez crea que los hay, dé sus razones y luego no se prueben. No puedo dudar de la instrucción porque sería tanto como imputar prevaricación.