La Junta avisa en la subasta del Cordel de Écija de los cambios urbanísticos que incluyen el puente de Loyola

El aviso de la Junta tiene dos partes. La primera es que no se ha producido la inmatriculación del los terrenos (la primera inscripción registral) que es un trámite administrativo que solo precisa de tiempo y dinero. Constan en el expediente el deslinde de la vía pecuaria por lo que no debería ser un problema al estar plenamente identificadas.

El segundo aviso es que una restricción en el derecho de propiedad. Quien se quede con los terrenos no podrá venderlos inmediatamente si se piensa mejor lo que quiere hacer en la zona. Se trata de un hecho relevante porque la Consejería de Economía quiere vender de una vez los 44.000 metros cuadrados que tiene la zona a unos 9,2 millones (unos 208 euros el metro cuadrado, una cantidad respetable para la situación del mercado).

El nuevo propietario tendrá que esperar a que estén aprobados, al menos inicialmente, los nuevos instrumentos que se plantean en la zona. Y es que la actual regulación, que se realizó para el concurso comunitario Europan para jóvenes arquitectos, ya no es válida. La Junta avisa que se va a cambiar lo que tiene efectos en las cargas que se asumen cuando se compra el suelo.

En estos momentos, el paquete del Cordel de Écija se transmite libre de cargas hipotecarias a expensas de su inscripción registral. Pero el Ayuntamiento ya ha dicho que quien quiera construir en la zona tendrá que correr con los gastos de crear un puente que vaya desde la avenida de Cádiz hasta el aparcamiento de Loyola.

Una clave de la subasta es que los suelos de la Junta están repartidos por tres planes especiales de reforma interior (Córdoba de Écija Norte, Centro y Sur) y un plan parcial que se encuentra al pie del puente de Andalucía. Los tres PERI están aprobados de forma definitiva y el plan parcial fue anulado por sentencia judicial.

En ninguno de los casos, sean planes aprobados o por aprobar, se incluyó la financiación de un puente por parte de los propietarios de suelo. Las estimaciones de Urbanismo es que los dueños de los 440.000 metros cuadrados del sector tendrán que financiar, además de calles, parques y alcantarillados los 23 millones de euros del paso fluvial.

El Plan General señaló el puente de Loyola (así como una pasarela) pero no generó su correspondiente plan financiero de asignación de recursos. En esos casos, se entiende como una carga pública. La llegada de un gran centro comercial a la zona es que lo que convenció al Ayuntamiento de que había que colocarlo como una carga privada como elemento para mejorar la movilidad. En estos momentos, los propietarios de la zona tan solo tienen que financiar las conexiones con la avenida de Cádiz y un parque fluvial.

El proyecto arrancó con una iniciativa de Grupo Lar, que es la mayor empresa de centros comerciales y de ocio. El interés de Lar decayó y quien busca ahora promover en la zona es LR21, propiedad del empresario andaluz José Luis López. Se trabaja con un diseño para la zona que fue encargado a Rafael de La-Hoz y Pedro García del Barrio.