La Junta liquida 14 años después el 'tranvía fantasma' de Córdoba

En Córdoba gobernaba todavía Rosa Aguilar y los primeros trazos de las catenarias —se quería emular a Burdeos— los daba el entonces responsable de Urbanismo Andrés Ocaña. Ambos gobernaban en coalición (la segunda en el 'rosismo') con el PSOE de Rafael Blanco. Y la Junta, claro está, abrió la espita de los grandes e inconclusos proyectos para Córdoba. Un contrato de 2,5 millones de euros para que una consultora realizara un estudio y el proyecto constructivo del tren urbano.

El 11 de noviembre de 2008, el Ente Público Gestor de Ferrocarriles de Andalucía licitaba el contrato. Hace pocos días, la Consejería de Fomento acaba de resolver el mismo, casi catorce años después. En el camino, 1,8 millones de euros gastados, un estudio completo sobre el trazado y un proyecto a medio hacer de aquel 'tranvía fantasma'.

Izquierda Unida arrancaba su tercer mandato bajo el sello de Aguilar y tras un verano para colocar peones y organigramas, Ocaña tenía claro que la baza de este medio de transporte podría ser uno de esas actuaciones con empaque en la ciudad que, por supuesto, no dejaría indiferente a nadie. La Junta de Andalucía, sumida en otros frentes de la misma talla, le había dado el 'sí'. El Plan de Infraestructuras y Transportes de Andalucía (Pista 2007-2013) lo había puesto negro sobre blanco.

El presidente de la Gerencia, hábil políticamente siempre, lanzó los galgos a correr con un primer estudio de viabilidad por 30.000 euros a cargo de la consultora Ingerop en noviembre de 2007. En el callejero cordobés aparecían tres líneas de 20 kilómetros de longitud que podrían entrar en servicio a finales de 2013. Un obrón casi como el del murallón del río que se aproximaba a la nada desdeñable cifra de 400 millones de euros. De norte a sur, desde El Brillante al Sector Sur; de este a oeste, desde Fátima a la Ciudad Sanitaria; o bien desde la Fuensanta a Poniente en diagonal por el Vial, conformaban la red de flujos de ida y vuelta que pretendía llegar a 40.000 pasajeros diarios.

Las catenarias, que ya habían tenido polémica en Sevilla por el MetroCentro que cruzaba la avenida paralela a la Catedral, irrumpirían en el paisaje urbano salvo en el Casco donde irían soterradas durante 6 kilómetros. Los números de la operación mareaban, pero la Junta cogió el guante.

El 18 de diciembre de 2008, la entonces Agencia de Obras Públicas de la Junta encargaba a la UTE formada por Ingerop y ETT el estudio de trazado y el proyecto del tranvía. Recuérdese que Ingerop era la consultora a la que Ocaña le encargó ya un estudio de viabilidad un año antes. Ahora tendrían 16 meses para acometer el encargo por 2,5 millones de euros.

Sin embargo, la crisis económica calaba en todos los rincones de la actividad pública y privada, y los proyectos con mayúsculas empezaban a descolgarse de las agendas políticas y a guardarse en los cajones sin fondo de los despachos. Y ese viaje al 'olvido' fue el primero que hizo el tranvía de Córdoba. Un viaje a ninguna parte.

Casi nueve años después de que se firmara el contrato para impulsar el nuevo transporte público, Fomento, bajo la dirección del socialista Felipe López, emite oficio para cerrar aquellos expedientes de encomiendas por «ejecución eficaz del presupuesto». La Junta de Andalucía metió la tijera a muchos proyectos para ir a lo «urgente y necesario», un planteamiento tan lógico como interpretable dadas las actuaciones que sí siguieron con vida. Fue en mayo de 2018 cuando la agencia autonómica del ramo decide resolver el contrato con Ingerop y ETT. El tren urbano de Córdoba había desaparecido de los planes estratégicos. El PISTA 2016-2020, redactado en un «cambio de escenario presupuestario y económico», lo había borrado.

Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el Gobierno andaluz siguió pagando certificaciones a la consultora hasta abril de 2011, 29 meses después de la firma del contrato que fijaba un plazo de 16 meses. Hace unos días, Fomento decidió resolver el contrato definitivamente. El estudio del trazado se había hecho al 97 por ciento —sólo faltaba el trámite de información pública—. El proyecto constructivo, al 60 por ciento. Y todo ello había supuesto un gasto de 1,7 millones de euros al que se sumaron otros 60.000 euros en concepto de indemnización por el resto del cometido. Penalización que acabó en los tribunales.