El juez envía al banquillo a la bombera acusada de revelar exámenes en las oposiciones al SEIS en el Ayuntamiento de Córdoba

Los hechos por los que se siguen las actuaciones, que ya cuenta con la acusación del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos, tienen su origen en las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba a finales del pasado año para cubrir plazas de bombero, en la que se designó como miembro del órgano de selección a un empleado público del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, al que se había encomendado redactar una serie de preguntas para uno de los ejercicios de la oposición.

La imputada, también trabajadora del Consorcio, donde realiza tareas administrativas, encontró en la impresora de su oficina fotocopias de estas preguntas, que ofreció a tres opositores a cambio de 1.000 euros, según recogía la primera denuncia de estos hechos. Al llegar esta situación a oídos de la concejal delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral esta presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional que procedió a la práctica de diligencias, comprobación de los hechos y remisión del atestado al Juzgado, según constataron fuentes judiciales a ABC.

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Después de este paso, el Ayuntamiento de Córdoba por su parte declinó el ofrecimiento del juzgado sobre la posibilidad de ejercer acciones contra esta bombera que se refieren los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para, en su caso, la personación como acusación particular en la causa. Este acuerdo ha sido tomado en Junta de Gobierno, previo dictamen de la Asesoría Jurídica Municipal.

Tampoco está personada la Diputación Provincial ni el Consorcio de Bomberos. En el procedimiento judicial abierto, aunque la denuncia fue formulada por la concejal delegada de Recursos Humanos, como responsable última del departamento de selección y formación, que es el que organiza el procedimiento selectivo, el Ayuntamiento, recuerdan en el acta al que ha tenido acceso ABC, «no ha sufrido perjuicio alguno, más allá de la lógica demora que supuso designar nuevos miembros del órgano de selección y el retraso que se produjo en la celebración de los ejercicios».

El caso se remonta a principios de noviembre de 2023 con una alerta sobre las presuntas irregularidades en las oposiciones para 38 plazas de bomberos en el Ayuntamiento de Córdoba, cuya última prueba debía celebrarse en una semana y fue suspendida por el Consistorio al conocerse que una de las personas que seguía adelante en este proceso de selección recibió una llamada ofreciéndole preguntas del citado examen a cambio de pagar 1.000 euros.

Este opositor comunicó lo que le había pasado al Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en Córdoba. «Al principio creíamos que era una broma, pero comprobamos que no en una segunda llamada a este aspirante. Esto es muy grave», comentaba en esos momentos Gabriel Merchán, portavoz de SAB. El sindicato tenía constancia de que otro aspirante iba a denunciar los mismos hechos.

Esta bombera del Consorcio Provincial acusada se enfrenta a un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal, una conducta que está castigada en su grado más grave -si causara perjuicio al resto de aspirantes o económico- con prisión, pero en este caso la pena podría quedarse en una multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.