Más jueces y recursos: la receta de los operadores para acabar con el colapso de la Justicia en Córdoba

La coincidencia de diagnósticos entre los distintos operadores jurídicos refleja una realidad compartida: un sistema tensionado, sostenido gracias al esfuerzo de sus profesionales, pero que necesita inversiones urgentes. Desde los distintos ámbitos, todos son unánimes en la raíz del problema: falta de medios humanos (de jueces, sobre todo) y materiales, exceso de carga de trabajo y reformas legales que no han venido acompañadas de la dotación necesaria. Aunque difieren en los matices, la conclusión es coincidente: la justicia cordobesa necesita un impulso decidido para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Así, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, considera que la situación de la justicia en la provincia «no es muy distinta al del resto del Estado», determinada «principalmente por un progresivo aumento de la litigiosidad que no ha ido acompañado de una inversión adecuada y, por tanto, de una ampliación de la planta», entendida como «planta judicial y funcionarial».

Pareja se muestra contundente sobre las jurisdicciones que están al límite: «Sin duda, civil. Cada juzgado duplica la entrada del trabajo que, según el Ministerio de Justicia y el CGPJ, puede resolver». Además, destaca que «violencia sobre la mujer supera el 150% de carga y la jurisdicción social el 130%», incluyendo en civil «la mercantil».

Tanto factores estructurales como coyunturales, como la pandemia o las huelgas, han sido determinantes para que la 'bola de nieve' no deje de crecer. Sin embargo, el presidente de la Audiencia aclara que las estructurales «son más fáciles de resolver, porque simplemente se requiere inversión».

Como medidas urgentes, insiste en reforzar las jurisdicciones más cargadas y, aunque «no existen fórmulas mágicas, sí hay soluciones para intentar revertir esta situación poco a poco».

Sobre la Ley de Eficiencia de la Justicia, Pareja valora que «se ha dado un paso adelante», aunque «no tan grande como se hubiera querido». Considera positivo que reorganice la oficina judicial, pero lamenta que «en el aspecto de la planta judicial mantiene los mismos partidos que había hasta ahora». «Los jueces son los mismos, la oficina se reestructura, pero los partidos judiciales no se agrupan», añade, y concluye: «Quizá esa sería una buena medida».

Por su parte, el fiscal jefe, Fernando Sobrón, rechaza que exista un «colapso; es una exageración. De hecho, está saliendo más de lo que entra», si bien matiza que «hay que diferenciar en función de los órganos judiciales e incluso de las jurisdicciones».

De nuevo, civil y social salen a relucir por su compleja situación, «y dentro de penal, el Juzgado de Violencia», destaca Sobrón, que responsabiliza la situación a la «alta litigiosidad y falta de medios» a partes iguales. El fiscal jefe admite que el retraso afecta a la confianza en el sistema: «Desde el momento en que se tarda en dictar resoluciones o que los procedimientos se alargan, es lógico que la confianza de los ciudadanos disminuya».

Para Sobrón, el problema es de base: «La razón fundamental del retraso se debe a causas estructurales, no por problemas concretos que haya habido durante los últimos años. De hecho, el tema de la pandemia está ya suficientemente superado. Y lo de la huelga fue un tema muy concreto».

Confía en las reformas que se están implementando: «Creo que se están dando pasos en relación con una nueva planta judicial y habrá que ver cuáles son sus resultados». También apuesta por la especialización: «Puede ser una solución efectiva para el funcionamiento de la Administración de Justicia».

En la misma línea se pronuncia la jueza decana de Córdoba, Eva Álvarez, que describe la justicia como «una administración enormemente sobrecargada que adolece de una carencia estructural de recursos materiales y humanos», aunque «continúa dando respuesta a miles de asuntos que los ciudadanos plantean a los tribunales».

Rechaza también el término colapso: «No creo que colapso sea la palabra que refleja fielmente la situación, pues el colapso implica paralización y, si hay algo que caracteriza a la Administración de Justicia, es una actividad constante».

Primera instancia, los juzgados de lo social, violencia sobre la mujer y el Penal 6 son lo que la togada señala como los más sobrecargados. La medida más eficaz, subraya, sería «incrementar la planta judicial». Los efectos son claros: «La enorme carga de trabajo que se soporta y el elevadísimo número de pleitos que cada juez tiene que resolver provoca una dilación en la tramitación de los asuntos, cosa que ciertamente disgusta a los ciudadanos de la misma manera que a los propios jueces». No obstante, defiende la calidad del trabajo judicial: «No creo que la sobrecarga incida en una peor calidad de las sentencias».

Álvarez reconoce los avances en mediación, especialmente «en el ámbito penal», y la obligatoriedad de los MASC en lo civil. «Habrá que ver, cuando pase cierto tiempo, si en las estadísticas globales se aprecia una disminución en el número de entrada de asuntos», señala.

Sobre la reforma de la oficina judicial, subraya: «Tenemos que ver cómo funciona, pero, insisto, si esto no viene acompañado de un incremento del número de jueces, no podrán alcanzarse los resultados que a todos nos gustaría». Y añade que la nueva ley «facilita la creación de plazas judiciales con solo un despacho y un ordenador». Aun así, advierte: «Si no adoptamos medidas que permitan dotar de medios suficientes, no será posible revertir la situación. Pero no pierdo la esperanza de que tales cambios puedan llegar a llevarse a cabo».

El secretario coordinador provincial, José Antonio Guerra, resume la situación como «expectante ante el desarrollo de las cruciales y profundas reformas». Aunque no habla de colapso, reconoce que «estamos mucho peor que hace seis años. Desde el Covid, por varias circunstancias, no nos hemos recuperado». Señala como más tensionados «los juzgados de primera instancia, social y el Penal 6 y, por supuesto, los pueblos». Atribuye los retrasos tanto al incremento de asuntos como a la falta de medios, pero advierte de otros factores: «A veces el aumento de medios personales no se corresponde con disminución de pendencia; depende de otros factores: retraso en la cobertura, falta de preparación y también de motivación de los funcionarios».

Entre las medidas estructurales necesarias, propone «la creación de plazas judiciales en los órganos con más carga de trabajo -por ejemplo, instancia-, pero también de letrados de la Administración de Justicia (LAJs), dadas las competencias procesales que tienen asumidas, la incorporación de la Inteligencia Artificial, la implantación plena del expediente judicial electrónico, la calidad del dato para valorar las cargas de trabajo de todos los intervinientes; la reordenación de efectivos y la motivación de los funcionarios».

Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, su decano, Carlos Arias, advierte que «todavía no podemos hablar de colapso, pero será exacto utilizar este término con toda seguridad si no se adoptan soluciones urgentes». Explica la situación con ejemplos concretos: «Me han señalado un juicio en lo social para 2028 por una incapacidad. En civil se están fijando vistas a cuatro o cinco años. En penal, depende: tengo un procedimiento en Posadas iniciado en 2005 que aún no se ha celebrado. De violencia de género, mejor ni hablar».

La voz de los letrados cordobeses denuncia que la falta de medios genera retrasos: «Los juzgados se colapsan porque no se cubren las plazas, y esos procedimientos quedan sin resolver». Además, no se muestra conforme con los MASC en familia: «Se pretende que sean un bálsamo que resuelva la pendencia judicial, pero no es así», ya que se han aplicado de forma rígida a los conflictos que requieren respuestas rápidas y garantistas.

Arias es claro: «La única solución viable es aumentar los medios y los jueces. Ya no hace falta disponer de grandes equipos: con un togado se puede arrancar un juzgado».

Por último, la decana de Procuradores, María José Carralero, es mucho más pesimista que el resto de operadores. Califica la situación como «catastrófica» y asegura que «colapso es totalmente adecuado para describir la situación judicial actual». Señala que «en general todas las jurisdicciones están saturadas», citando que «la jurisdicción social está señalando juicios para el 2028».

Como causas, apunta «el incremento de asuntos por juzgado y la falta de profesionales». Advierte sobre la pérdida de confianza ciudadana: «Hay demandas de 2024 que aún no han sido admitidas a trámite… lleva a la desesperación no solo al ciudadano sino a los profesionales».

Carralero defiende «inversión en medios tanto materiales como humanos», más jueces y «creación de más juzgados, tanto de instancia como social y de violencia sobre la mujer». Sobre el futuro, concluye tajante: «Sinceramente y por lo que veo a diario, no soy optimista».