Las personas

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». El artículo 2 establece que «los derechos proclamados en la Declaración corresponden a las personas, sin distinción alguna». Nuestra Constitución en su artículo 1 estable que «la soberanía nacional reside en el pueblo español». Espero coincidir con mis lectores que las portadoras de la dignidad, de los derechos y de la soberanía son las personas. Y persona, como dice la RAE, es «todo individuo de la especie humana».

Son personas quienes nos atienden en la cafetería, quienes limpian nuestras calles, quienes atienden los hospitales, quienes velan por nuestra seguridad y defensa y todos y cada uno de los españoles (y españolas). Si eso es así, y estoy convencido que lo es, ¿cómo aceptamos sin reparos que la ministra Irene Montero diga que «quiere que los insultos a mujeres en cargos políticos sean violencia machista»? ¿Es que las mujeres políticas son personas diferentes de las demás mujeres? ¿Es que tienen más derechos? Hacer semejantes manifestaciones, ¿no es distorsionar la información? ¿No es engañar a los ciudadanos? ¿No es desconocer lo que establece la Constitución? Cuando desde la política se dicen cosas así, lo que se busca es que olvidemos que todo político (y política también) son servidores públicos que se deben a quienes representan y de los que cobran, es decir, a todas las personas que conformamos la sociedad española.

Si las personas escucháramos, leyéramos y pensáramos más, y fuésemos exigentes a la hora de enjuiciar noticias o manifestaciones procedentes de la política, todo nos iría mucho mejor. Ser críticos con las palabras o decisiones de los representantes políticos es un sano y necesario ejercicio democrático.